El negocio de la desinformación

Investigación AP

Sin quererlo, los migrantes en América Latina financian la desinformación durante sus trayectos hacia Estados Unidos, pues son víctimas de fraudes y engaños que les pueden costar miles de dólares y con los que se sostienen nuevos modelos de negocio.

Hay desde falsos reclutadores de trabajadores, traficantes de personas, presuntos asesores legales, “influencers” de redes sociales y hasta quienes se hacen llamar “coaches de migración”.

La mayoría de estas iniciativas aprovechan la coyuntura y cambios en las normas para estafar a migrantes ofreciéndoles consejo legal, visas de trabajo, asilo político o formas de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos sin que haya en realidad ninguna garantía sobre lo ofrecido.

De 210 migrantes consultados a través de un sondeo digital realizado entre el 2 y el 16 de junio, más de un cuarto aseguró haber recibido mensajes falsos respecto de trámites migratorios y ofertas de trabajo, principalmente a través de grupos de Facebook y WhatsApp. Casi dos terceras partes explicaron que se vieron afectados por fraudes y/o desinformación.

“Me cobraron por sólo el llenado de planilla de USCIS (siglas en inglés del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos). Yo tengo mi patrocinador, me cobraron antes de enviarme el supuesto primer pdf y era una planilla elaborada por ellos, totalmente falsa; me di cuenta porque la planilla era totalmente diferente a la real (no tenía ni los códigos de barra)”, escribió una de las personas que respondió el sondeo.

“Perdí 1.500 dólares. Tanto que he luchado para llegar a USA de manera legal. Ahora mismo ya realicé el trámite correctamente por mí misma y me encuentro en espera del segundo paso”, concluyó.

Su caso es uno de los muchos que proliferan a través de las redes pero que rara vez son denunciados ante entes oficiales.

La Secretaría de Gobernación de México registró de 2016 a noviembre del año pasado 5.684 denuncias de delitos contra personas migrantes en México. De éstas, 1.849 fueron catalogadas como tráfico ilícito, 2.655 como robo pero sólo ocho como fraude.