Ya rige la prohibición para actos de gobierno

De acuerdo con lo establecido en el Código Electoral de la Nación, entró en vigencia ayer la prohibición para los gobiernos nacional, provinciales y municipales de realizar actos y anuncios públicos de gestión que puedan promover la captación del sufragio. Esto es en la previa a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) previstas para el 13 de agosto próximo.

La veda para este tipo de actividades está establecida en el artículo 64 quater del Código Electoral Nacional, dispuesto en la ley 19.945, que establece la prohibición de concretar esos actos en un plazo de 25 días anteriores a la celebración de las elecciones PASO. Esto mismo ocurrirá en las semanas anteriores a los comicios generales del 22 de octubre.

El artículo 64 quater del Código Electoral Nacional dispone que “durante la campaña electoral la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de las agrupaciones políticas por las que compiten”.

Señala además que “queda prohibido durante los veinticinco días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo”.

Además, el Código Electoral establece en el artículo 133 bis penas de inhabilitación para quienes transgredan esta disposición.

“Los funcionarios públicos que autorizaren o consintieran la publicidad de actos de gobierno en violación de la prohibición establecida en el artículo 64 quater, serán pasibles de inhabilitación de uno a diez años para el ejercicio de cargos públicos”, agrega la normativa.

Como se sabe, en la Argentina la organización de las elecciones nacionales está a cargo de la Dirección Nacional Electoral (DINE), la Justicia electoral que integran los juzgados federales y la Cámara Nacional Electoral (CNE).