Expropiación de YPF: Argentina aceptaría pagar un mínimo de 5 mil millones de dólares

Argentina se enfrenta a uno de los juicios más costosos que tiene en el extranjero. En los tribunales de Nueva York se discute el precio que la República deberá pagar por daños económicos al fondo buitre Burford que probablemente rondará entre los 4.900 y 16.000 millones de dólares. El juicio es por la manera en que se nacionalizó la compañía YPF que, según la acusación, fue sin hacer una Oferta Pública de Adquisición.

En las audiencias, la jueza Loretta Preska, sucesora de Thomas Griesa en los tribunales del Estado norteamericano, determinará el monto a partir de escuchar a ambas partes. El precio se define en base a dos cuestiones de perjuicios que están sin resolver en su fallo en contra del Estado Argentino del 31 de marzo y que significan una diferencia de hasta 11.100 millones de dólares. Para definir el monto, la jueza toma en principio la fecha en que Argentina adquirió el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, y la tasa de interés que se establezca por la tardanza para actualizar la indemnización.

El proceso judicial ya lleva ocho años de contienda entre el fondo buitre Burford Capital y la Argentina, cuyo responsable de la defensa y apelaciones es el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. La cuestión de la tasa de interés es central porque el Gobierno considera que debería abonar el 0% y Burford el 8%. Los años de demora en el pago de la indemnización podrían generar hasta 7.600 millones de dólares de diferencia dependiendo qué tipo de interés decida tomar Preska.

“Los peritos de la República testificarán que en Argentina, al igual que en Estados Unidos, el objetivo de los intereses de demora es indemnizar a los demandantes, pero no darles una ganancia inesperada”, dijo la defensa Argentina en el informe previo al inicio del juicio.

El otro asunto en disputa es la fecha en que Argentina adquirió el control de las acciones de YPF (y no de toda la empresa), sujetas a expropiación. Los demandantes la sitúan el 16 de abril de 2012, cuando se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso y se decretó la designación de un interventor del Ejecutivo que sacó al directorio de YPF.

Por otra parte, Argentina precisa que el día fue el 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigencia la Ley de Expropiación 26.741 que permitió al gobierno comenzar a tener los derechos políticos y económicos de las acciones. “Fue la ley la que le dio la potestad a la República de obtener el 51 por ciento de las acciones de YPF que antes tenía Repsol”, dice el reporte argentino. La diferencia del pago entre ambas fechas es de 3.400 millones de dólares.

Si la corte falla en contra de Burford y permite que Argentina no pague intereses, además de elegir la fecha 7 de mayo, los beneficios para el fondo buitre son de 5.000 millones de dólares. Si la corte falla a favor de la demanda en las dos partes, puede conseguir 16.000 millones de dólares -un monto mayor a la capitalización bursátil de YPF- por haber tenido alrededor del 28 por ciento de las acciones de YPF.

Teniendo en cuenta que Burford obtuvo por solo 15 millones de dólares el litigio al administrador del concurso español de Petersen y el derecho a retener el 70% del recupero de la eventual sentencia, el fondo buitre tendría ganancias muy por encima de la inversión realizada. Por su monto, se convierte en uno de los juicios más importantes de Estados Unidos.

El 31 de marzo, la jueza Preska falló contra la Argentina aunque no fijó el precio que deberá pagar.