El Papa designó a Zaffaroni a cargo de un instituto del Vaticano
Edición Impresa | 19 de Agosto de 2023 | 03:00

El papa Francisco designó al ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Eugenio Zaffaroni como directivo de un nuevo organismo académico del Vaticano que tendrá como principal objetivo ocuparse de los derechos sociales, la migración y el colonialismo. Además, por otra parte, el pontífice le otorgó el estatus de “Asociación Privada de Fieles” al Comité de Jueces dirigido por el magistrado porteño Andrés Gallardo.
Tal como se dio a conocer en el día de ayer, el Papa ordenó la creación del Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales Fray Bartolomé de las Casas. La entidad tendrá fines meramente académicos basados en la promoción de los derechos sociales, la migración y el colonialismo.
Según indicaron el instituto dirigido por Zaffaroni funcionará bajo la órbita de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales y será administrado y sostenido económicamente por el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju). Cabe destacar que el Copaju fue creado por el Papa en junio de 2019 como un órgano de difusión del pensamiento franciscano con perspectiva jurídica.
De esta manera, el Pontífice señaló en el documento oficial difundido por la oficina de prensa de la Santa Sede: “Designo para el período 2023-2028 como Junta Académica Fundadora del citado Instituto a los Profesores Doctores Raúl Eugenio Zaffaroni, Alberto Filippi y Marcelo Suárez Orozco”.
Además, el texto también resolvió el cambio de estatus vaticano del Copaju, que a partir del día 31 de agosto pasará a ser un ente formal dentro de la estructura. En ese sentido confirmó el “designo para el período 2023-2028” como presidente del Copaju “al Juez Roberto Andrés Gallardo de la República Argentina y como Vice Presidenta a la Jueza Ana Algorta Latorre de la República Federativa del Brasil”.
Al respecto, el Papa opinó que el comité desarrolló “una prolífica tarea destinada a la protección y promoción de los derechos sociales desde la magistratura, poniendo especial énfasis en los sectores sociales descartados, afectados por los distintos procesos de neocolonialismo”.
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