Debe ser frontal la lucha contra los desarmaderos ilegales en la Región

Una denuncia al 911 por el robo de una motocicleta, según se detalló ayer en este diario, terminó conduciendo a la policía a llevar un fuerte despliegue en una zona de la periferia platense, en donde se sospechaba, y hace pocas horas se confirmó, que funcionaba un taller clandestino ilegal dedicado al desguace de esos vehículos que habían sido objeto de robo en nuestra región.

Según se pudo conocer, si bien en un principio los sospechosos desoyeron la voz de alto, finalmente los agentes policiales lograron aprehender a cinco sujetos. Además de cascos, en el lugar se hallaron numerosos y diferentes repuestos como motores, faros, plásticos y asientos.

Por los antecedentes que la acompañan, la noticia tiene, entonces, un valor que excede al de este caso particular y debe ser contextualizada en la lucha frontal que debiera darse en contra de todos los desarmaderos ilegales existentes en nuestra zona y en los demás distritos.

En numerosas oportunidades se ha tratado en esta columna acerca de la negativa y gravitante influencia que ejercen en la Provincia los desarmaderos ilegales, que operan tanto sobre el robo de vehículos de mayor porte y de motocicletas, como de cables de servicios públicos, tapas metálicas y muchos objetos que necesitan ser reducidos para ser vendidos como metales.

Estas modalidades delictivas, convertidas en un verdadero flagelo social, no sólo se reiteran cotidianamente –en el caso de los cables con “cuadrillas” que operan a la vista de todos, simulando pertenecer a organismos públicos o empresas concesionarias- sino que ponen en evidencia la existencia de la existencia de organizaciones delictivas montadas sobre la base del funcionamiento de estos establecimientos.

Hace cuatro años se logró detectar y desactivar un negocio ilegal que se traducía en el desguace de unos 160 automóviles por mes en nuestra zona, según pesquisas y allanamientos realizados en distintos barrios.

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En el caso de los automotores se conoce perfectamente –y desde hace ya muchos años, por no hablar de décadas- cómo opera la industria ilegal de venta de autopartes. Se sabe que su accionar no se limita a ciertos desarmaderos ubicados en el Gran Buenos Aires, sino que con igual magnitud operan en la mayoría de las grandes ciudades dedicados al desguace irregular y a la posterior venta clandestina. No se ignoran, tampoco, algunos destinos “predeterminados” de las autopartes, requeridas desde algún mercado específico.

Lo cierto es que los desarmaderos ilegales son perfectamente ubicables y, sin embargo, permanecen operativos por años y años, a vista y paciencia de las autoridades. Cuando no, en oportunidades, amparados por la complicidad de algunos funcionarios públicos.

Las autoridades debieran advertir que es justamente en la ilegalidad –derivada, en varios aspectos, de algunos vacíos normativos- en la que suele desarrollarse esa actividad donde se encuentra la simiente de un delito, que se traduce no sólo en perjuicios económicos, sino, lamentablemente, en tragedias que llenan de dolor a la sociedad.