Jubilaciones, estatales, retenciones, privatizaciones y más, los cambios en la Ley Ómnibus: el Gobierno busca emitir dictamen

Con varios cambios en puntos conflictivos como la movilidad jubilatoria, retenciones, privatizaciones y delegación de facultades al Ejecutivo, el gobierno nacional reenvió ayer al Congreso una nueva versión de la denominada Ley Ómnibus. Algunas de esas modificaciones atienden, en parte, pedidos de la oposición dialoguista que integran el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Obligado a sumar voluntades, Javier Milei pretende que la Cámara de Diputados le dé dictamen favorable a la iniciativa oficial hoy mismo -en la víspera del paro general de la CGT- y que ya el jueves sea tratado en el recinto. Parte de ese objetivo es también su decisión de haber “corrido” de las negociaciones con la oposición al titular de la Cámara Baja, Martín Menem, para elegir como interlocutor al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de ese cuerpo legislativo, José Luis Espert.

Pero, pese a los cambios, en la oposición ponen reparos. Porque si bien el nuevo proyecto elimina 141 artículos (pasa de 664 a 523) e introduce algunas de las modificaciones reclamadas, agrega otros capítulos no conversados y anticipa que lo que se quita en esta etapa volverá al Congreso el 1º de marzo.

Jubilaciones

Uno de los puntos conflictivos que modifica el nuevo proyecto es el de la movilidad jubilatoria (Ver página 6). Mientras que la iniciativa original habilitaba al Ejecutivo a ajustar por decreto, ahora queda establecido que hasta abril se mantendrá la fórmula previsional actual y a partir de ese mes se actualizará por inflación. Esto era algo que reclamaba la UCR, aunque pedía que los cambios rigieran desde enero.

Retenciones

Otro cambio importante de la mencionada ley tiene que ver con las retenciones para las economías regionales, que se establecen en un 0% y no en 8% o 15% como se propuso inicialmente. Sin embargo, se mantiene el tributo para carne, maíz y soja, pese al reclamo de gobernadores como el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Privatizaciones y blanqueo

También se modifica el capítulo que proponía una privatización masiva de empresas públicas. Por caso, ya no aparece en ese listado YPF. Mientras que para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se establece una “privatización parcial”.

No obstante, la duda de los legisladores es qué pasará con el resto de las empresas. “Nosotros fuimos claros, no vamos a votar un paquete de empresas a privatizar”, decía ayer uno de los autodenominados “dialoguistas”.

En cuanto al blanqueo de capitales, se decidió que lo que genere se “utilizará para capitalizar al Banco Central”, por lo que no será coparticipable como establecía el proyecto original. Un cambio que ya encoleriza a los gobernadores.

Delegación de facultades

La delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, a través de la declaración de 11 emergencias por 2 años, prorrogables por dos años más, hasta el final del mandato de Milei, había sido otro de los puntos que desató cortocircuitos con la oposición. Eso también cambia, al eliminar la emergencia social y de defensa (aunque quedan las 9 restantes), y reducir el plazo de las delegaciones legislativas a un año, con la posibilidad de prorrogar por 12 meses más con aprobación del Congreso.

Para más adelante

Tras estos cambios, como se dijo, el proyecto dejó más de un centenar de artículos en el camino. En este grupo entran el juicio por jurados, el traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires, la ley de Salud Mental, la Reforma Electoral, las modificaciones al Código Civil y al Código Penal, temas sobre los que el Gobierno volverá a insistir en sesiones ordinarias.

Del mismo modo, así como se quitaron varios puntos, se agregaron otros. Entre ellos, uno que incluye a “los empleados públicos” en las limitaciones a la actividad política y que determina sanciones ante el incumplimiento de tales prohibiciones. Esa novedad, junto al resto del renovado texto, era analizada con minucia por la oposición “dialoguista”. Esa de la que necesita Milei para aprobar su mentada Ley Ómnibus.

Milei reemplazó a Martín Menem por Espert como su interlocutor en Diputados