El aumento a jubilados: la nueva fórmula, sin definición

“Por ahora, la fórmula por DNU no es una alternativa porque creemos que el debate es algo que debe dar la política”, aseguró ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, al negar versiones que decían que el Gobierno buscaría aplicar une nueva forma de actualización de las jubilaciones a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia.

Pero en el Congreso no hay muchas expectativas de tratarla pronto. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados y aliado del Gobierno, José Luis Espert, adelantó ayer que se postergará hasta mediados de abril el inicio del debate de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

“Vamos a esperar a que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso su nueva versión de la Ley de Bases, donde estaría incluido el capítulo referido a la nueva fórmula previsional. Eso será después de Semana Santa. No podemos empezar la discusión sobre la nueva fórmula sin contar previamente con el proyecto oficial”, afirmó Espert.

En el último bimestre, los jubilados sufrieron una pérdida del poder adquisitivo de sus salario del 33% a nivel interanual.

Y en las reuniones que sostuvo el ministro del Interior, Guillermo Francos, con los bloques del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal, todas las fuerzas políticas instaron al Gobierno a presentar una ley que modifique el actual esquema de incremento previsional.

Si el proyecto avanzara sin contratiempos y con un progreso constante tanto en la Cámara baja como en la alta, no sería sino hasta finales de abril o mayo cuando los adultos mayores podrían experimentar un cambio perceptible en sus salarios.

Con retroactividad

Igualmente, en el proyecto del oficialismo se incluye un párrafo que fue bien recibido por los opositores. Allí se aclara que en el caso de que la fecha de entrada en vigencia de ley Bases sea posterior al 1° de abril de 2024, “el pago de las sumas resultantes será cancelado conforme el cronograma que determine la Anses”.

Es decir, tendrá efecto retroactivo, aunque según los tiempos que establezca el organismo.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el ajuste a los jubilados y pensionados alcanzó el 33,9%. Esto se explica, principalmente, por la licuación de sus ingresos, aunque también por la fórmula actual.

“La baja del gasto en jubilaciones y pensiones es consecuencia del desacople entre la propia dinámica inflacionaria y la fórmula de movilidad (que toma como referencia períodos anteriores asociados a recaudación de ANSES y salarios), como así también por la frecuencia de actualización (trimestral), parcialmente compensada por la aplicación de bonos a los jubilados y pensionados de menores ingresos”, argumentó el informe del organismo.

“Estamos hablando de cuestiones que van a regir la vida de los adultos mayores por 15 o 20 años y que afecta al 60% del Presupuesto Nacional”, expresó Adorni.

El anuncio de Espert, mientras, promete generar ruido en la oposición: “Tiene que entender que es presidente de una comisión de otro poder del Estado en la que no cuenta con mayoría propia, no se la puede apropiar. Igualmente esperamos que el radicalismo si convoque a Previsión y que el PRO no insista en mandar el tema a asesores”, advirtió Juan López, de la Coalición Cívica.

El Gobierno por ahora no quiere abrir formalmente la discusión del proyecto en el Congreso pese a que la iniciativa ya está redactada y circula por los principales despachos opositores.

Allí propone actualizar que a partir de abril los haberes jubilatorios se indexen por inflación de manera mensual (actualmente es trimestral) más 10 puntos porcentuales en concepto de recomposición por la inflación de enero, que trepó al 20.6%.

Las propuestas presentadas por los distintos bloques, sin embargo, pretenden que la compensación a los jubilados sea completa. Esto provocaría un fuerte impacto en el fisco, advierten en el oficialismo, celosa de preservar el déficit cero.

Cabe remarcar que los haberes jubilatorios fueron los más afectados por la ‘poda’ llevada adelante por el gobierno de Milei, como parte de su “plan de shock”, teniendo nada menos que el 43% de participación en la reducción interanual real del gasto primario de la Administración Nacional durante el primer bimestre, según un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).