Investigan una presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales: los chats que analiza la Justicia

Alrededor de 30 allanamientos se realizaron este lunes en el marco de una investigación por posibles extorsiones de varios dirigentes de distintas organizaciones sociales para que manifestantes concurran a diferentes protestas.

Los procedimientos habían sido solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió una denuncia del ministerio de Seguridad a raíz de los cientos de llamados realizados a la línea 134 que habilitó la cartera que conduce Patricia Bullrich.

La investigación desde entonces implicó la identificación de varios dirigentes sociales que ahora fueron imputados por el delito de extorsión.

A través de un comunicado, desde el Gobierno indicaron que se realizaron 27 allanamientos por orden de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal en el marco de una causa que investiga extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales y que "las medidas judiciales apuntan a dirigentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha".

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó, por pedido del Fiscal Federal Gerardo Pollicita, 27 órdenes de allanamientos y que los involucrados presten declaración indagatoria por los hechos que se investigan. 

De acuerdo a la pesquisa, los acusados “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.

Se cree "que los imputados canalizaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de 'cooperativas', desconociéndose el destino final de ese dinero, razón por la cual solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados".

Se secuestraron millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia. Entre estos últimos se destacan planillas o cuadernos de asistencia, registros de pagos, documentación vinculada a planes sociales, comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería, tarjetas bancarias o comprobantes de extracción. 

Los chats que investiga la Justicia

En el marco de la investigación, se conocieron chats entre beneficiarios y delegados que ya forman pate de las pruebas que analiza el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita. "Buenas noches compañeros. Estos son los que no van a retirar la mercadería de Nación porque tienen cero movilizaciones", fue uno de los mensajes que trascendieron de la causa.

En uno de los chats encontrados se investiga a "Patry", quien sería la delegada Patricia Iramain. "Patry, quería saber si me toca la mercadería. Estoy castigada". "A mí hace meses me hizo lo mismo, me dejó sin mercadería no sé cuánto tiempo, hasta que vino la delegada Cintya de Perú y me puso nuevamente en la lista. Y con el tema de ir a retirar mercadería, cuando la compañera Cintya me llamó que tenía que ir, fui", se leyó en otra de las imágenes a las cuales accedió el medio Infobae. 

En otra de las capturas encontradas se conoció que, ante el aviso de ausencia a una movilización, se solicitaba que "justifiquen" su falta. También, afirmaban que al final de cada marcha se iba a tomar asistencia y que "nadie se vaya".