Después del anuncio: algunos números no cierran

Según el proyecto de Presupuesto 2026 que el Poder Ejecutivo envió ayer al Congreso, la partida correspondiente a discapacidad no muestran un aumento como anunció el Presidente el lunes en cadena nacional. Y las destinadas a las universidades nacionales, aunque tendrán una leve suba, no alcanzan a cubrir la caída del financiamiento producida durante este año, de acuerdo al crítico documento que difundieron ayer los rectores de las casas de altos estudios.

En el proyecto que presentó el Gobierno se observa que para el año próximo se prevé asignar $4,038 billones para el pago de las pensiones por invalidez que administra la Andis. Se trata de una cifra menor a la asignación actual para este concepto: $4,059 billones, tal como figura en el sitio Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía.

El proyecto de presupuesto 2026 establece una reducción en la cantidad de pensiones a entregar a las personas con discapacidad. En el mensaje enviado ayer por el Poder Ejecutivo al Congreso se detalla que en la actualidad la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) administra 1.133.549 pensiones; para el año próximo la cifra se reducirá a 977.943 pensiones. Esto significa que las auditorías continuarán su curso con las respectivas suspensiones y derogaciones.

El presupuesto de la Andis aumenta, aunque de manera leve: será de $5,21 billones, apenas un 8,3% mayor que la asignación actual ($4,8 billones) que figura en el sitio Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía.

Con respecto al presupuesto para las universidades, el presidente Milei prometió una partida global –que incluye salarios y gastos de funcionamiento, entre otros conceptos- de $4,8 billones, lo que implica una suba del 14,2% respecto de la asignación vigente ($4,2 billones).

Los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron que esta suba presupuestaria no solo es insuficiente, sino que agravará el desfinanciamiento de las casas de altos estudios.

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“Los 4,8 billones de pesos anunciados por el Presidente para las universidades el año próximo implica anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y queda muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema”, explicaron en una declaración pública.

Además el proyecto del Ejecutivo contiene un artículo que elimina la obligación de destinar a la educación un 6% del Producto Bruto Interno total, de acuerdo al artículo 9 de la actual ley de Financiamiento Educativo (26.206) promulgada por el presidente Néstor Kirchner en 2005.

Déficit fiscal y FMI

De acuerdo con el programa de USD 20.000 millones del préstamo del FMI, la meta era un superávit primario equivalente al 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2025. En aquel entonces, Milei manifestó que el compromiso ante el organismo sería elevar ese objetivo hasta 1,6% del PBI. La senda de consolidación fiscal sería aún más marcada en 2026: el acuerdo con el FMI exigía alcanzar un superávit primario de 2,2% del PBI.

Sin embargo, el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo rebaja esa meta y proyecta un superávit primario de 1,5% del PBI para ese año, muy por debajo del 2,2% previsto por el Fondo. Asimismo, el documento oficial establece un resultado financiero —saldo luego del pago de intereses de la deuda— con un superávit fiscal de 0,3% del PBI.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) entre 2005 y 2024, el Gobierno registró solo en 6 oportunidades un superávit fiscal primario.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, sostuvo en abril: “Argentina ha demostrado que esta vez es diferente”, aunque advirtió sobre la necesidad de “mantener el rumbo” del programa mientras comentaba que este año el país afrontaba un periodo de elecciones. Desde ese momento en organismo elogia el ajuste pero siempre recuerda la necesidad de respaldo político.

Milei, además, aseguró que la etapa más crítica del ajuste ya habría quedado atrás. Expresión muy criticada por el arco político opositor.