Siguen sin ser revertidas las fallas que exhiben las cárceles de la Región

Las sucesivas administraciones que rigieron los destinos de la Provincia siempre tuvieron fuera de duda que se imponía la realización de acciones y la toma de distintas medidas para resolver el gravísimo problema del hacinamiento que se registra en las cárceles bonaerenses, en especial en las de La Plata.

Con diferencias de matices y, desde luego, con distintos grados de intensidad, la voluntad política de las sucesivas administraciones provinciales en las últimas décadas se mostró coincidente, en el sentido de que impulsarían acciones para resolver la cuestión del hacinamiento carcelario.

Sin embargo, salvo escasas excepciones, esos anuncios de reformas coincidieron también a la hora de no concretar soluciones concretas. Y la situación se vino agravando en forma gradual y cada vez más ostensible.

En ese contexto, un informe reciente de la Comisión Provincial por la Memoria habla de esta compleja situación que viene, y se conoce, desde hace décadas: la gran mayoría de los penales de La Plata existe superpoblación de detenidos y condiciones de hacinamiento. También especialistas penales, magistrados y fuentes penitenciarias dieron sus testimonios en el informe publicado ayer sobre este flagelo, que aún busca solución.

Entre otras conclusiones que aluden a distintas falencias, se detalla que la Unidad 18 de Gorina, que tiene capacidad para 253 internos, contaba a la fecha del informe con 776, es decir un 207 por ciento más de lo permitido.

La Unidad 1 de Olmos rondaría en un 155 por ciento de superpoblación, con 2.689 detenidos en un espacio previsto para 1.056 personas. Y en la Unidad 9 con 2.071 reclusos en un lugar para 874, es decir un 137 por ciento por encima del límite.

Se sabe que esta realidad siempre puede obrar como caldo de cultivo para desatar episodios de violencia extrema, como son los motines y otras reyertas, los incendios y enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre internos, con facas y demás elementos punzocortantes de fabricación casera, como los que habitualmente se decomisan cuando allanan los pabellones ante algún requerimiento judicial.

Y desde luego, la educación se encuentra eclipsada por semejantes anomalías.

Cabría recordar que además de ésta y otras instituciones y entidades, como la Suprema Corte bonaerense, la Defensoría de Casación o el Centro de Estudios Legales y Sociales, así como tribunales inferiores y defensores públicos, fustigan desde hace muchos años y reclaman la sanción de normas y la adopción de medidas para corregir las deficiencias en el sistema carcelario provincial.

Deficiencias que, vale agregar, también afectan al personal de seguridad que se desempeña en las cárceles.

Resulta de obligatorio cumplimiento que las condiciones de seguridad y de higiene en los establecimientos penitenciarios deben ser óptimas, así como dejar garantizada la realización de actividades laborales, educativas y recreativas.

Es fundamental, para que el sistema penitenciario cumpla su misión con eficacia, que las cárceles sean ámbitos adecuados y seguros.

Está claro que la superpoblación atenta contra estas necesidades y engendra una peligrosa distorsión funcional en las unidades.

Pero cabe insistir en que se preste una oportuna atención a las distintas denuncias que se han formulado, indicativas de severas fallas en unidades del sistema carcelario. Es de esperar que la Provincia revierta cuanto antes estas carencias que resultan inexcusables.