Tarifas de gas: vendrán más subas mensuales

El gobierno nacional definió el incremento de las tarifas de gas para este año y habilitará una suba de hasta el 9% por encima de la inflación de los meses que vienen.

El objetivo es que hasta marzo el aumento de las tarifas sea de forma mensual, de acuerdo al programa inflacionario que manejan las autoridades.

En tanto, con el transcurso de las semanas, el ente nacional regulador del gas convocará a audiencias públicas, proceso que desde el gobierno pretenden que no se extienda más allá del 1 de abril.

Los nuevos cuadros tarifarios estarán definidos entre fines de marzo y principios de abril. El aumento tendría un impacto en las facturas de los hogares de hasta el 9,9%, pero no se descarta que el porcentaje pueda ser menor y dividido en cuotas mensuales, según consignó Clarín.

Según este programa, las empresas concesionarias del servicio como Camuzzi, entre otras, tendrán que presentar un plan de inversión para los próximos 5 años, incluyendo una mejora de las prestación del servicio acorde al ingreso de las tarifas.

La prioridad del gobierno seguirá siendo la baja de la inflación, donde las tarifas de los servicios tienen un impacto directo.

Cabe recordar que para enero ya se aprobó una suba del gas natural por redes (1,82%) a nivel nacional, que se suma al incremento de otros impuestos como al combustible, que derivó en un alza del 1,75% promedio en la nafta y el gasoil.

Otros cambios

Otras de las cuestiones que hace tiempo viene analizando el Gobierno es terminar la división entre los usuarios N1 (Nivel 1 - “Ingresos altos”), N3 (Nivel 3 - “Ingresos medios”) y N2 (Nivel 2 - “Ingresos bajos”) para ir hacia un sistema de hogares sin subsidios, que paguen el costo real de abastecimiento de la energía y otros con la ayuda del Estado nacional mediante la tarifa social.

Si bien esta alternativa se viene postergando desde el año pasado, ahora, la fecha límite para definir la implementación o no del esquema que pretenden las autoridades, podría ser el mes de mayo.

A finales del año pasado, tras prorrogar la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025, el Gobierno comenzó a evaluar el futuro de los subsidios aún vigentes.

El decreto 1023/2024 publicado por entonces fundamenta la medida adoptada en la “herencia recibida” y que en relación al sector energético se había verificado en la vulnerabilidad y el estado crítico en 3 aspectos claves: (a) en el sistema económico recaudatorio; (b) en la funcionalidad de las instalaciones para asegurar el suministro actual y futuro; y (c) en la falta de señales de mercado para la oferta y la demanda”.

Asimismo, se aclaró que dicha extensión de la emergencia abarca también “la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultante de los procesos de revisión tarifaria en curso”.