“Torturaban y filmaban”: el triple crimen pasa a la Justicia Federal

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó ayer un nuevo avance judicial, luego de que los acusados ampliaran sus declaraciones indagatorias y el expediente quedara a un paso de pasar a la Justicia Federal. La masacre, que conmocionó por su brutalidad y por los vínculos con el narcotráfico, cambió de rumbo a partir de una nueva hipótesis sobre el móvil del hecho y de la incorporación de delitos más graves a la acusación original.

Según fuentes judiciales, la Unidad Funcional de Homicidios de La Matanza agravó la imputación contra los ocho detenidos en el país -salvo “Pequeño J”, hoy en Perú en proceso de extradición- y los acusó de privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio criminis causa, es decir, matar para ocultar un delito previo. Estas figuras se suman a la ya existente por homicidio triplemente agravado por premeditación, alevosía y ensañamiento, cometido en un contexto de violencia de género.

La resolución fue dictada por el fiscal Adrián Arribas, quien además citó a los imputados para una nueva ronda de indagatorias iniciada este viernes, en la que seis de ellos ampliaron su declaración. Entre los que comparecieron ante la fiscalía se encuentran Víctor Sotacuro Lázaro, Matías Ozorio, Miguel Villanueva Silva, Magalí González Guerrero, Milagros Ibáñez, Daniela Ibarra, Maximiliano Parra e Iván Giménez.

Durante las audiencias, el fiscal notificó formalmente a los imputados de la nueva teoría del caso: que las tres jóvenes asesinadas -Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez- fueron secuestradas y ejecutadas como represalia por el robo de varios kilos de droga pertenecientes a una organización narco con presencia en el Conurbano bonaerense. En ese marco, la Justicia provincial entendió que los delitos investigados se vinculan directamente con el tráfico de estupefacientes, motivo por el cual el expediente pasará a la Justicia Federal.

Las nuevas declaraciones aportaron distintos matices, aunque en su mayoría los imputados se declararon inocentes y buscaron desligarse de la planificación del crimen. Una de las más extensas fue la de Magalí Celeste González Guerrero, dueña de la vivienda donde fueron hallados los cuerpos. La mujer aseguró que fue su pareja, Villanueva Silva, quien le contó lo sucedido tras el crimen y que las víctimas habían sido filmadas mientras eran torturadas. “A Brenda la filmaron mientras la estaban torturando, cuando le cortaron la cara. Me dijo que la llamada la hicieron con el celular de ‘Pequeño J’ con ‘Duro’ (Sotacuro) porque la droga era de ‘Duro’”, sostuvo.

Por su parte, Víctor Sotacuro Lázaro, señalado como uno de los principales responsables, presentó un escrito en el que negó ser un jefe narco y dijo que su rol fue “el de remisero”. Aseguró que fue engañado por Alex Ydone Castillo, uno de los tres prófugos de la causa, y afirmó que el robo de droga -que estimó en unos 378 kilos- fue lo que desató la venganza. “Viví con el enemigo y me involucró en esto. No hay prueba que me relacione con el asesinato”, expresó.

Otra imputada, Milagros Ibáñez (20), también buscó desvincularse. Dijo que desconocía lo que ocurría en la casa y que su única relación con el grupo era su pareja, Castillo. El fiscal Arribas planteó que, entre el 6 y el 19 de septiembre, una organización criminal vinculada al tráfico de drogas planificó la sustracción de varios kilogramos de estupefacientes a otra banda que operaba en Varela. Como represalia, integrantes del grupo liderado por “Pequeño J”, “El loco David” Morales y Alex Ydone Castillo -estos dos prófugos- organizaron un falso festejo para atraer a las tres víctimas, que fueron engañadas y trasladadas hasta la vivienda donde finalmente las torturaron y asesinaron.