La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver

Hay circunstancias que no son propias de la democracia, como la oposición total a las políticas de un presidente desde el primer día de gestión o la absoluta falta de voluntad del Poder Ejecutivo nacional para dialogar con tres gobernadores surgidos del principal partido opositor. Entre ellos está el de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, obligado a administrar un Estado con recursos escasos: los bonaerenses reciben por la Ley de Coparticipación apenas un poco más de la mitad de lo que aportan. Se trata de una discriminación originada en una norma que, según la Constitución, debía tener vigencia limitada. Así, la buena o mala voluntad ocasional del Gobierno nacional define en gran medida los fondos disponibles para la Provincia, que son siempre insuficientes. 

Mientras, la paralización de la obra pública ordenada por Milei golpea de lleno al territorio bonaerense y afecta la producción agropecuaria, como ocurre con la suspensión de los trabajos en el Río Salado, cuya falta de avance provoca inundaciones recurrentes.

Eso no solamente perjudica a los productores agrarios de las zonas afectadas, sino también a la producción de alimentos que genera divisas que el Banco Central y el Tesoro Nacional necesitan con urgencia. 

SE ROMPE UNA TRADICIÓN

En este contexto, la actitud del Presidente rompe con una tradición —si así puede llamarse— respetada por Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, quienes nunca se negaron a que ministros y secretarios dialogaran con dirigentes opositores. Es cierto que Kicillof se mantiene como un opositor firme frente a cada proyecto del Presidente, pero el ahogo económico no castiga solo al Gobernador.

En este escenario de confrontación total, parece difícil avanzar hacia un acuerdo que permita sancionar el proyecto de Presupuesto, que obtuvo estado parlamentario el miércoles pasado. A ello se suma la interna del peronismo, hoy dividido en dos sectores que parecen irreconciliables y que complican los objetivos políticos del Gobernador. Por un lado, sus propios legisladores; por otro, los que responden al kirchnerismo o a Sergio Massa. La urgencia del oficialismo provincial se explica porque el 10 de diciembre los libertarios aumentarán su representación en ambas Cámaras y, según se anticipa, llegarán con el mandato de sostener una oposición igualmente cerrada.

EL ENDEUDAMIENTO

Para Kicillof, resulta central obtener la autorización para tomar una deuda de poco menos de dos mil millones de dólares, necesaria para garantizar el funcionamiento normal de la administración provincial y afrontar obras indispensables en salud, seguridad y mantenimiento de rutas clave para la producción. Para aprobar ese endeudamiento se requiere una mayoría especial de dos tercios en ambas Cámaras: 62 diputados y 24 senadores. Tras las elecciones del 13 de septiembre, el peronismo contará con 39 diputados (sumó dos) y 24 senadores (sumó tres). Como se advierte, en la Cámara baja el número está lejos del necesario y, además, esos 39 legisladores no acompañarán sin antes acordar con el otro sector interno, donde se alinean La Cámpora y el Frente Renovador. El año pasado no fue posible aprobar el Presupuesto ni el pedido de endeudamiento. Si la situación se repite, la administración provincial quedaría envuelta en una crisis grave. Para el kicillofismo es imposible negociar con legisladores de otros partidos si antes no cuenta con el apoyo pleno de los propios.

POSTURAS

Una crisis económica y social profunda erosiona el poder electoral del peronismo, no solo en Buenos Aires sino a nivel nacional. Sin embargo, la mayoría de los gobernadores justicialistas adoptaron una postura de oposición dialoguista, por lo que los libertarios no necesitan necesariamente el apoyo de los legisladores nacionales del peronismo bonaerense para aprobar leyes que consideran fundamentales. Excepto por los tres mandatarios excluidos del diálogo, los gobernadores han optado por una oposición más constructiva. Esa soledad debilita a quienes mantienen un enfrentamiento total con el Gobierno nacional y los deja librados a su suerte. Pero, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, la Casa Rosada no puede ignorar el impacto que tendría un eventual estallido social en el Conurbano, donde millones viven en condiciones de pobreza extrema y dependen de que municipios y Provincia cuenten con fondos mínimos para atender necesidades básicas.