El debate por la deuda provincial tensiona los recursos de San Nicolás

San Nicolás aparece en el centro de las discusiones que esta semana se darán en la Legislatura bonaerense, donde el Gobierno de Axel Kicillof buscará aprobar el Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y el esquema de endeudamiento. El oficialismo necesita el respaldo de dos tercios en ambas cámaras para habilitar la toma de deuda, condición que se volvió clave para afrontar compromisos salariales y sostener gastos previstos.

La propuesta incluye autorizaciones para que la Provincia tome deuda por US$ 1.045 millones y otros US$ 1.990 millones, además de una emisión de letras por US$ 250 millones. También habilita financiamiento para empresas estatales: hasta US$ 150 millones para Centrales de la Costa y hasta US$ 250 millones para AUBASA. El Gobierno argumenta que estas herramientas permitirán refinanciar pasivos y sostener obras de infraestructura.

El punto más conflictivo es el artículo 3, que crea el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal. El fondo se financiaría con el 8% del endeudamiento que la Provincia logre colocar durante el año. Intendentes opositores y del peronismo rechazan que los recursos dependan del resultado financiero: advierten que necesitan certezas para afrontar sueldos y aguinaldos, y reclaman un monto fijo.

Mientras el debate fiscal avanza, continúan negociaciones políticas por cargos reclamados por distintos espacios, entre ellos lugares en el Grupo Bapro, el Banco Provincia, el Tribunal Fiscal y el Consejo Federal de Educación. Según Agencia DIB, las conversaciones siguen abiertas.

El miércoles será la jornada clave: Diputados sesionará a las 14 para tratar el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal, mientras que el Senado lo hará a las 19. A diferencia del Presupuesto, el endeudamiento requiere mayorías especiales: 62 votos en Diputados y 31 en el Senado.

El proyecto establece un gasto total de 43 billones de pesos para 2026, según el ministro de Economía, Pablo López. Incluye inversión de capital por 3,2 billones; asistencia social por 1,7 billones; salud por 1,7 billones; educación por 1,3 billones y seguridad y servicio penitenciario por 1,4 billones. También prevé 60.000 millones de pesos para el sector productivo. La Ley Fiscal incorpora una baja nominal en la patente y no prevé aumentos reales en el resto de los tributos.