El Congreso frente a un proyecto que propone la eutanasia

El bloque radical de diputados nacionales acaba de presentar en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que busca establecer un marco legal para la regulación de la eutanasia en el país. La polémica iniciativa, que podrá así abrir un profundo debate, busca garantizar el derecho de las personas con enfermedades graves o padecimientos crónicos y limitantes a que soliciten ayuda médica que ponga fin a sus vidas, bajo estrictos requisitos y controles.

El texto de la iniciativa contempla la incorporación de garantías como la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento, el consentimiento informado, la intervención de comisiones médicas en cada jurisdicción y la cobertura integral.

Tal como se informó en este diario, también prevé sanciones para quienes obstaculicen injustificadamente el acceso a la práctica, otorgando seguridad jurídica a los profesionales de la salud.

El proyecto se apoya en principios ya reconocidos por la ley de Derechos del Paciente (N° 26.529) y la ley de Muerte Digna (N° 26.742), que consagran la autonomía de la voluntad y el rechazo a tratamientos que prolonguen artificialmente la vida.

Sin dudas que el tratamiento en comisiones y, eventualmente, en el recinto no sólo suscitará controversias entre los legisladores, sino que, por las características de la propuesta –que toca cuestiones inherentes al principio de la vida, al momento de la muerte, a temas relacionados a la religión, a la bioética y a la condición de la vida humana- podrá promover fuertes controversias en la sociedad. La cuestión de fondo se relaciona al interrogante acerca de si puede legislarse sobre el derecho a poner fin a una vida, cuando el padecimiento es intolerable.

El significado etimológico de “eutanasia”, palabra que viene del griego, es el de “buena muerte” y la materia que incorpora abarca a la ética, la medicina, la bioética, la filosofía, el derecho, la religión, la psicología y la sociología.

No son muchos los países del mundo que tienen leyes que regulan este tipo de definición. Ellos son Holanda, Bélgica, Luxemburgo, España, Nueva Zelanda, algunos estados federales de Australia y los Estados Unidos y Uruguay, que se convirtió en el primer país de América latina al aprobar una ley en octubre pasado.

¿Se permitirá la llamada inyección letal? ¿Se puede considerar a la eutanasia como a un suicidio? Interrogantes de este calibre sobrevuelan por un tema en el que ahora los legisladores argentinos deberán expedirse, en un trámite parlamentario que, como se dijo, seguramente atraerá a la intervención de especialistas en muchas de las materias aquí mencionadas.