Rechazo a la licencia del juez Lijo: ¿por qué otra derrota para el Gobierno?

No hay forma de que la acordada de la Corte Suprema que no dio lugar la licencia del juez federal Ariel Lijo -rechazando así su ingreso al Tribunal al menos por ahora- no sea leída como una derrota del gobierno, que pretende imponer al polémico magistrado por decreto. En rigor, sería el segundo golpe para Javier Milei: el primero fue cuando no logró que su pliego fuera votado por el Senado, a pesar de contar con el dictamen de comisión correspondiente que habilitaba el tratamiento en el recinto.

Sobre este último punto, debe haber sobrevolado ayer una suerte de auto flagelación en la Casa Rosada. El sentimiento de que, en su momento, Lijo no pasó el Senado acaso por un error propio: su pliego debía ser votado el 21 de febrero y venía con cierta perspectiva favorable en cuanto a votos pero estalló el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y los senadores aliados y lo que no lo son, como algunos peronistas que iban a apoyar al juez, prefirieron esperar para no hacer ninguna movida que favorezca al Gobierno en ese momento incómodo, tal vez el mayor desde que asumió el poder. La incomodidad es más notable porque el responsable absoluto del caso es Milei y su compulsión tuitera.

Lo curioso: Manuel García-Mansilla ya es juez “en comisión” en el máximo Tribunal y su pliego ni siquiera obtuvo dictamen de comisión en el Senado lo que, a priori, supone que el nombre tiene menos consenso dentro del mundillo político. La derrota de la Rosada respecto a Lijo se agiganta porque el oficialismo realmente se embanderó con la postulación de este juez de discutible currículum, casi sin importarle los costos y auto-refuntando su discurso fundacional anticasta.

La versión oficial que circuló ayer dice que el Gobierno se sorprendió por la decisión de la Corte. ¿Es tan así? Juristas de todos los colores venían diciendo en la previa que el Tribunal nunca ha otorgado este tipo de licencias extraordinarias. Traducido: tomarle juramento para integrar la Corte Suprema a alguien mientras sigue siendo juez, en este caso federal. La jurisprudencia dice que nunca se avaló que un magistrado con acuerdo senatorial -como tiene Lijo por su cargo en Comodoro Py- lo sea por decreto en otra instancia judicial.

Así, tras la acordada de ayer, Lijo tenía dos caminos: renunciar a su cargo de juez federal y asumir en el máximo tribunal en comisión, un escenario en que la Corte si le tomaría juramento; o quedarse a la espera de que el Senado con los dos tercios de los votos avale su postulación y lo convierta en cortesano con estabilidad hasta al menos los 75 años. Optó por la segunda, por el riesgo de quedarse sin el pan y sin la torta. Acaso confiando en que su contactos en la Cámara Alta, donde el peronismo tiene un número contundente, le terminarán dando esa mano.

Un escenario posible que se comentaba ayer en la política es que durante este año legislativo los senadores se aboquen a tratar el pliego de García-Mansilla (se reitera: sin dictamen de comisión) y decidan rechazarlo y así removerlo como cortesano aún cuando ya juró. Y que, en cambio, el pliego de Lijo, con dictamen de comisión, sea aprobado en sesión especial.

Para esto, como cuando se aprobó el dictamen con las nueve firmas mínimas reglamentarias, será clave el comportamiento que tenga el kirchnerismo, que ha venido diciendo públicamente -acaso “pour la galerie”- que no respaldará los nombramientos de jueces “por decreto” y que, se sabe, pretende arrebatarle a Milei otras cuestiones vinculadas a la Justicia. Como un miembro propio en el Tribunal, su eventual ampliación y cierta injerencia en el nombramiento de cientos de funcionarios judiciales pendientes de designación.

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