La causa YPF continúa en octubre en la Cámara de Apelaciones neoyorquina

La Corte de Apelaciones de Nueva York declinó el pedido de una ONG de suspender la apelación argentina sobre la condena por la expropiación de YPF, que asciende a U$S16.100 millones.

Con esta decisión, la segunda instancia judicial estadounidense ratificó que tratará la apelación al fallo original en octubre. Los argumentos orales para el caso por la expropiación de YPF están previstos para la semana del 27 de ese mes, justo después de las elecciones legislativas.

La ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) se presentó en febrero ante los tribunales estadounidenses donde se tramita la causa por la nacionalización de la petrolera. Ellos son, el tribunal de distrito de la jueza Loretta Preska y la Corte de Apelaciones.

En esta última, que tomó la decisión ayer, la ONG hizo acusaciones de corrupción en el proceso de compra de las acciones de YPF al momento de la estatización. Fuentes que participan del proceso judicial indicaron que R4AARG “intentó ralentizar el litigio Petersen contra la Argentina. Esta decisión es otro ejemplo más de que la Argentina no debe demorar más la negociación”, sostuvieron.

La empresa Petersen, de los Eskenazi, quebró tras la estatización y el juicio fue llevado adelante por el síndico que entendió en ese proceso y por fondos que compraron los derechos a litigar.

En ese contexto, la ONG pidió que el tribunal de alzada ordene una investigación penal por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la posible corrupción de la familia detrás del caso Petersen y que anule la sentencia de primera instancia.

En abril, RA4ARG pidió la suspensión de la apelación de la República Argentina sobre la sentencia original, a la espera de la resolución de la apelación realizada por la propia ONG. También solicitó que el tribunal de distrito considere la moción para anular la condena contra la República. La ONG RA4ARG ya había hecho una presentación en el tribunal de distrito y solicitó que Preska y exigiera al Departamento de Justicia de EEUU iniciar una investigación penal formal.