Tras la derrota electoral, crecen las comparaciones con 2001 y el fantasma de la crisis acecha a Milei

Germán López

Luego de la derrota libertaria en las elecciones del domingo pasado, algunos sectores con peso político advierten que se ha abierto un escenario de crisis con ecos de 2001. Y creen que ha llegado el momento de actuar. Por ahora, las movidas se mantienen en el terreno de la versión, con pocos —o nadie— dispuestos a hacerse cargo de impulsarlas. La excepción son algunas declaraciones abiertamente golpistas, como las del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien sostuvo que “el gobierno transita su etapa final” y que “se tendrá que retirar del poder”.

Las semejanzas con la situación que llevó a Fernando de la Rúa a entregar el mando son, según quienes agitan esas comparaciones, básicamente dos: una crisis económica que golpea la vida cotidiana y una rigidez política que impide al oficialismo encontrar salidas alternativas. En 2001, el entonces presidente radical, recién salido de una derrota electoral, estaba encorsetado por la Convertibilidad -a la que se había comprometido sostener- que le cerraba todo margen de maniobra. Hoy, Javier Milei se aferra a su dogma del déficit cero y la no emisión, lo que lo lleva a rechazar reclamos urgentes como la emergencia en pediatría y discapacidad. “Me van a sacar con los pies para adelante antes”, advirtió, para que no quedaran dudas sobre su determinación.

Alternativas

Ante esa rigidez que juzga debilidad, fiel a su naturaleza, el peronismo empieza a ensayar alternativas que, inevitablemente, lo devuelvan al centro de la escena. En los últimos días circuló con insistencia el nombre de Juan Schiaretti como “hombre providencial” para encabezar un gobierno de transición. El esquema recordaría al de 2002: la Asamblea Legislativa designó a Eduardo Duhalde, entonces senador nacional, al frente del Poder Ejecutivo, con algo más que el visto bueno de Raúl Alfonsín. Para repetir el experimento, la ley de acefalía debería declarar terminado el mandato de Milei y de su vice Victoria Villarruel.

Con el pasar de los días, esa versión fue perdiendo fuerza y muchos la interpretan como una mera operación destinada a debilitar al gobierno libertario. En estas combinaciones no entran figuras del kirchnerismo, que sin embargo las avalan por una sencilla razón: les permitiría alentar el sueño de Cristina indultada.

El intento para recuperar la iniciativa

En medio del desconcierto, el Gobierno intentó recuperar la iniciativa convocando a los gobernadores a un diálogo que antes les había negado. Para mostrar sus buenas intenciones, Milei reflotó el Ministerio del Interior y puso al frente a Lisandro Catalán, dialoguista nato y mano derecha de Guillermo Francos.

La respuesta de los mandatarios provinciales fue la esperada tras meses de destrato: primero queremos ver. Y ahí radica el problema: el Gobierno no tiene mucho que ofrecer. Las provincias piden obra pública y fondos ATN, algo a lo que Milei ya dijo que no. Los gobernadores solo pretenden que el gobierno central no sea tan discrecional en la distribución de esos recursos. Parece razonable, pero en ese terreno La Libertad Avanza se cierra en su lógica simple: ¿de dónde saldría el dinero? Si veta la emergencia del Garrahan y de Discapacidad, y niega mejoras a los jubilados, ¿por qué abriría la mano para asistir a los gobernadores?

“Equilibrio sí, pero con la gente adentro”

En una especie de relanzamiento de Provincias Unidas, el acuerdo electoral de seis gobernadores que aspira a convertirse en opción de poder -y que tuvo un debut mediocre en las elecciones del domingo pasado-, este viernes los jefes provinciales Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir y Gustavo Valdés, con la presencia “patriarcal” de Schiaretti, enviaron un mensaje diferenciador: “compartimos el equilibrio fiscal, pero con la gente adentro”.

La idea de terciar con Provincias Unidas fue resumida por Maxi Pullaro: “el kirchnerismo no vuelve más”. La frase busca bajarle el voltaje al miedo que explota el mileísmo, con la esperanza de disputar en octubre el electorado moderado que votaría a LLA solo por espanto al regreso K.

El andamiaje económico es rígido: los recursos solo pueden conseguirse subiendo impuestos, endeudándose, reasignando partidas —más motosierra— o emitiendo moneda. Las dos primeras opciones ya están descartadas: no hay margen para nuevos tributos ni prestamistas dispuestos a arriesgar en un país con mil puntos de riesgo país. Y la emisión, huelga decirlo, sería dinamitar el corazón del programa libertario.

El Gobierno exhibe como logro un IPC de 1,9% en agosto, encadenando cuatro meses por debajo del 2%. Pero basta observar el costo social para entender lo arduo que resulta alcanzar en la Argentina lo que en otros países de la región es apenas normal: una moneda estable.

En este escenario complicado y desafiante el fantasma de la crisis de 2001 aparece nítido en la memoria de los argentinos. Es probable que mucho del votante ausente del 7 de septiembre esté repensando su decisión. Tal vez las amenazas destituyentes, sumadas al anuncio de la CGT de empezar a poner en la calle su maquinaria de protesta, empujen a muchos a recurrir nuevamente al voto “en defensa propia”. Como en 2023.