El mercado de la salud: entre el derecho y el negocio

Juan Pablo Fernández Funes

eleconomista.com.ar

En los últimos días, un nuevo escándalo volvió a sacudir al país: denuncias de presuntos sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos por parte del Estado. Más allá de lo que determinen los tribunales, el episodio expuso un problema estructural: la enorme concentración de poder económico en torno a un puñado de empresas proveedoras de insumos médicos y farmacéuticos, y la debilidad de los mecanismos de control en las compras públicas. El resultado es conocido: contratos que crecen de manera desmesurada en muy poco tiempo, recursos que se pierden en sobreprecios, y ciudadanos que terminan pagando la cuenta.

Lo que está en juego no es simplemente la transparencia de un proceso administrativo. Se trata de algo mucho más profundo: la salud como derecho esencial, pero también como mercado estratégico. En este sector confluyen urgencias sociales, intereses privados de enorme escala y poder político. Cuando esa combinación se desbalancea, los costos no se miden solo en dinero: se miden en tratamientos que no llegan, prótesis que se demoran, hospitales que funcionan al límite y derechos que se vulneran, especialmente en sectores vulnerables como las personas con discapacidad.

Otro enfoque de la salud

En la Argentina solemos mirar la salud únicamente como un gasto del Estado o como una obligación de cobertura. Pero falta reconocer una tercera dimensión: la salud también es un sector productivo con enorme potencial de desarrollo.

Nuestro país cuenta con capacidades científicas de clase mundial -desde el CONICET hasta universidades con tradición en investigación biomédica-, con una industria farmacéutica con décadas de experiencia regional, y con un ecosistema de startups biotecnológicas en crecimiento. A eso se suma la red de hospitales públicos y privados que, con mejores incentivos y coordinación, podrían transformarse en verdaderos polos de innovación. Sin embargo, esas fortalezas quedan muchas veces atrapadas en un esquema que favorece la concentración, desalienta la competencia y posterga la inversión en innovación.

La experiencia internacional muestra que otro camino es posible. Corea del Sur convirtió la biotecnología en uno de sus motores de exportación. Israel desarrolló un ecosistema de investigación aplicada en medicina y tecnología sanitaria que hoy atrae capitales de todo el mundo. En Chile y Uruguay, la implementación de compras públicas transparentes y digitalizadas redujo los márgenes de discrecionalidad y permitió que los recursos se orienten hacia el fortalecimiento de servicios y al estímulo de proveedores locales. Allí donde la salud se entiende como motor de desarrollo, no solo se garantiza un mejor acceso a la población: también se generan empleos de calidad, divisas por exportaciones y nuevas oportunidades de inversión.

La lección es clara. Cada peso que se pierde en sobreprecios o prácticas irregulares no es una cifra abstracta: es un derecho vulnerado y, al mismo tiempo, una oportunidad desperdiciada de potenciar nuestra ciencia, nuestra industria y nuestro trabajo. Por el contrario, cada peso invertido con transparencia puede transformarse en investigación aplicada, en más producción nacional de medicamentos e insumos, en cadenas de valor con mayor agregado tecnológico, y en mejor salud para todos los argentinos.

Un bien común

Transformar esta crisis en una oportunidad exige cambiar la lógica. Pasar de la opacidad a la transparencia radical. De la concentración a la competencia efectiva. Del cortoplacismo a la innovación productiva. Se trata de dejar atrás la visión de la salud como botín de coyuntura y consolidarla como lo que verdaderamente es: un bien común y un sector estratégico para el desarrollo productivo del país.

Porque al final del día, lo que está en juego no son solo números ni contratos: es la confianza de la sociedad en que sus recursos se usan para garantizar dignidad y bienestar. La salud no puede ser un negocio de pocos ni un instrumento de la política: debe ser el puente entre derechos sociales y desarrollo productivo. Solo así podremos transformar el dolor y la indignación que despiertan estos hechos en un futuro más justo, transparente y sostenible.