Tras la confrontación inicial, la AFA busca ponerse en regla con la IGJ para mudarse a Provincia

En un sorpresivo giro de estrategia, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) dio marcha atrás en su postura de confrontación y presentó finalmente la documentación requerida por la Inspección General de Justicia (IGJ). El organismo nacional, bajo la órbita del ministerio de Justicia, exige precisiones sobre un millonario aumento de gastos que, hasta la fecha, carece de sustento contable claro.

Hace apenas una semana, a través de un comunicado oficial, la AFA sostenía que la IGJ carecía de facultades para controlarla, alegando que su fiscalización correspondía exclusivamente a la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, poco después, los abogados de la entidad se presentaron ante el organismo nacional.

El objetivo de este movimiento es estrictamente operativo: la AFA necesita "ponerse en regla" para validar el traslado de su sede social al partido bonaerense de Pilar. Este cambio de jurisdicción es visto como una maniobra de Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero Pablo Toviggino para operar bajo un marco legal más flexible y cercano a sus vínculos políticos.

La IGJ, dirigida por Daniel Vítolo, cuestiona inconsistencias que superan los 400 millones de dólares. Sólo en el ejercicio de 2024, existen gastos por 100 millones de dólares que requieren explicaciones detalladas. "La IGJ solo se ha limitado a exigir información relevante en el cumplimiento de sus funciones como autoridad de contralor", declaró Vítolo, intentando desmarcar el conflicto de la disputa política entre la AFA y el Gobierno nacional.

Pese a que la AFA declara haber mudado su domicilio, la realidad en el terreno es distinta. En el predio de Pilar, ubicado frente al club Real Pilar, del operador César Mansilla, no hay oficinas operativas. Según pudo constatar este medio, solo se observa un cartel que reza "Próximamente sede de la AFA" sobre un terreno de pastos crecidos.

La elección de Pilar no es aleatoria. Allí, la dirigencia del fútbol cuenta con el amparo político del intendente Federico Achával y conexiones con la justicia local. Además, Tapia mantiene una estrecha relación con el gobernador Axel Kicillof, quien lo sostiene como funcionario en la CEAMSE.

Aunque la Cámara de Apelaciones habría dado un guiño inicial a la AFA para facilitar la mudanza, la IGJ se mantiene firme. El organismo advirtió que no aprobará el cambio de jurisdicción hasta que se normalice la documentación. Por ahora, se descarta la designación de un veedor, pero no se descartan nuevas exigencias si los papeles presentados esta semana no aclaran el destino de los millones cuestionados.