En 2025 hubo récord de juicios por riesgos del trabajo con casi 400 demandas por día

El Gobierno nacional ha decidido pisar el acelerador. A partir de esta semana, intensificará las negociaciones en el Congreso con un objetivo claro: blindar el respaldo parlamentario para su ambiciosa reforma laboral. El proyecto, enviado al Senado en diciembre, es la pieza clave que Javier Milei pretende llevar al recinto el próximo 11 de febrero, en el marco de una nueva prórroga de sesiones extraordinarias.

La urgencia no es sólo política; los números del sector asegurador han encendido las alarmas. Según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la litigiosidad laboral cerró el 2025 con cifras que superan las registradas el año anterior, según publica Clarín.

A pesar de las proyecciones iniciales, el sistema de Riesgos del Trabajo recibió 134.141 nuevas demandas durante el último año, lo que representa un promedio de 370 casos por día. Esta cifra marca un incremento del 6,4% respecto a 2024 y revela una aceleración preocupante en el último cuatrimestre del año, donde las demandas saltaron un 12% interanual.

Desde la UART, comparan este fenómeno con el "desborde" vivido en diciembre de 2016, previo a la última gran reforma del sistema. “Cerramos 2025 con una cifra récord injustificada e imposible de costear”, advirtió Mara Bettiol, presidenta de la entidad. Según la ejecutiva, el sistema está quebrado por una intermediación judicial donde el juicio no representa un costo para el demandante, sino una "ganancia masiva".

El informe advierte que, de no contenerse esta escalada, el costo laboral para las empresas sufrirá un golpe drástico. Para financiar el nivel actual de demandas y las actualizaciones de sentencias, la alícuota promedio de ART debería subir del 2,85% actual al 5,15% de la masa salarial, lo que representaría un incremento de casi el 80% en el costo de cobertura para los empleadores.

El diagnóstico del sector privado y del Gobierno coincide en que la ley actual no ha sido suficiente debido a la resistencia de ciertos sectores judiciales. El problema radica en dos ejes:

- Honorarios e incentivos: Los peritos judiciales suelen ser externos y sus honorarios están ligados al resultado del juicio, lo que genera un incentivo para elevar los porcentajes de incapacidad.

- Reparto de la sentencia: Un dato revelador del informe indica que el trabajador solo recibe el 55% del monto de la sentencia, mientras que el 45% restante se diluye en honorarios de abogados, peritos y tasas.

La reforma libertaria busca modernizar las normas y establecer criterios de actualización más previsibles para terminar con la disparidad de tasas de interés que aplican los distintos tribunales. Sin embargo, desde la UART subrayan "la reforma sólo será efectiva si la Justicia laboral la cumple".