La rebelión femenina en Irán: leyes, castigos y protestas en un país en tensión permanente

Desde la Revolución Islámica de 1979, el Estado iraní sostiene un entramado legal que regula de manera estricta la vida de las mujeres. Uno de sus pilares es la obligatoriedad del uso del hiyab en espacios públicos, una norma que se aplica a mujeres y niñas desde los 9 años. No se trata solo de una prescripción cultural o religiosa: es una obligación jurídica cuyo incumplimiento está tipificado como delito.

Las leyes sobre vestimenta establecen que el cabello debe estar completamente cubierto y que brazos, piernas y contornos del cuerpo no pueden quedar visibles. El margen de interpretación queda en manos de las fuerzas de seguridad, lo que habilita un control arbitrario y permanente. Dejar ver un mechón de pelo, usar ropa ajustada o llevar maquillaje considerado “excesivo” puede derivar en sanciones.

Las penas previstas incluyen multas, detenciones, flagelaciones, penas de prisión e incluso tortura. En la práctica, la aplicación de estas normas convierte a millones de mujeres en potenciales infractoras por el solo hecho de circular por el espacio público.

La “policía de la moral” y el control cotidiano

El cumplimiento del código de vestimenta está a cargo de la denominada “policía de la moral”, un cuerpo que patrulla calles, estaciones de transporte y centros comerciales. Sus agentes pueden detener a cualquier mujer para examinar su indumentaria y trasladarla a dependencias policiales si consideran que no cumple con la normativa.

Según organizaciones de derechos humanos, este sistema afecta a unas 40 millones de personas, entre mujeres y niñas. Los controles incluyen revisiones visuales minuciosas y, en muchos casos, episodios de violencia física. Son frecuentes los relatos de mujeres golpeadas, abofeteadas o introducidas por la fuerza en furgones policiales.

El control no se limita al espacio físico. En los últimos años, las autoridades ampliaron la vigilancia a las redes sociales. Publicar fotos o videos sin velo puede derivar en sanciones administrativas, bloqueos de cuentas o procesos judiciales.

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EL CASO MAHSA AMINI Y EL ESTALLIDO DE 2022

El 16 de septiembre de 2022 marcó un punto de inflexión. Ese día murió Mahsa (Jina) Amini, una joven kurda de 22 años, luego de haber sido detenida por la policía de la moral por llevar “mal puesto” el velo. Su fallecimiento en custodia estatal desató una ola de protestas en todo el país.

El movimiento, que adoptó el lema “Mujeres, Vida, Libertad”, comenzó como un reclamo contra el uso obligatorio del hiyab, pero rápidamente se transformó en una protesta más amplia contra décadas de discriminación de género y autoritarismo político. Las manifestaciones fueron protagonizadas mayoritariamente por mujeres, aunque también sumaron a amplios sectores de la sociedad.

La respuesta del Estado fue contundente: represión en las calles, detenciones masivas, juicios sumarios, cortes de internet y censura informativa. Aunque el gobierno logró desarticular las protestas más visibles, el descontento no desapareció.

REPRESIÓN SOSTENIDA Y CASTIGOS EJEMPLIFICADORES

Casi tres años después del estallido de 2022, las autoridades iraníes intensificaron la represión contra activistas, periodistas, artistas y defensoras de derechos humanos. En la semana del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, al menos cinco activistas fueron arrestadas arbitrariamente.

En los meses previos, un cantante fue condenado a 74 azotes por interpretar una canción contra la legislación del hiyab, y una activista de los derechos de las mujeres recibió una condena a muerte en febrero de 2025. Estos castigos buscan funcionar como advertencia pública frente a cualquier forma de disidencia.

Organismos internacionales describen este escenario como una “guerra contra las mujeres y las niñas”, en la que el Estado combina violencia física, persecución judicial y estigmatización social para imponer disciplina.

EL “PLAN NOOR” Y LA MILITARIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

En abril de 2024, el gobierno lanzó el “Plan Noor” (Plan Luz), una campaña nacional destinada a reforzar el cumplimiento del uso obligatorio del velo. Desde entonces, se multiplicaron las patrullas a pie, en motocicletas, automóviles y furgones policiales.

La implementación del plan incluyó prácticas especialmente peligrosas, como persecuciones de automóviles para detener a mujeres conductoras acusadas de no respetar el código de vestimenta. También se registraron confiscaciones masivas de vehículos, encarcelamientos y flagelaciones.

Para las organizaciones de derechos humanos, estas medidas constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibidos por el derecho internacional.

UN PROYECTO DE LEY QUE PROFUNDIZA LAS SANCIONES

En septiembre de 2024, el Consejo de Guardianes aprobó el Proyecto de Ley de Apoyo a la Familia mediante la Promoción de la Cultura de la Castidad y el Hiyab. Aunque su promulgación fue suspendida temporalmente, el texto anticipa un endurecimiento aún mayor del sistema punitivo.

La iniciativa prevé sanciones para mujeres y niñas que aparezcan sin velo en espacios públicos o en redes sociales, o que muestren “desnudez de una parte del cuerpo” o usen ropa “fina o ajustada”. Entre las penas figuran multas, confiscación de vehículos y dispositivos electrónicos, prohibición de conducir, deducciones salariales, despidos laborales y restricciones para acceder a servicios bancarios.

Especialistas advierten que la ley institucionaliza un esquema de exclusión económica y social que profundiza la discriminación estructural.

PENA DE MUERTE Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

Desde el levantamiento “Mujeres, Vida, Libertad”, la pena de muerte se consolidó como una herramienta central de control político. Desde diciembre de 2022, al menos 11 personas fueron ejecutadas por su participación en protestas, y más de una docena permanece en riesgo de recibir condenas similares.

Entre los casos más graves se encuentran los de defensoras de derechos humanos como Sharifeh Mohammadi y la activista kurda Pakhshan Azizi, condenadas por “rebelión armada contra el Estado”. Otras mujeres, como Wrisha Moradi y Nasim Gholami Simiyari, enfrentan cargos similares.

Uno de los episodios más controvertidos fue la ejecución de Mojahed Kourkouri en junio de 2025, acusado de un homicidio ocurrido durante las protestas de 2022, pese a que la familia de la víctima atribuyó públicamente la responsabilidad a las fuerzas de seguridad.

EL CONFLICTO CON ISRAEL Y EL ENDURECIMIENTO INTERNO

La escalada militar entre Irán e Israel, iniciada el 13 de junio de 2025, agravó aún más la situación interna. Desde entonces, las autoridades iraníes arrestaron a decenas de personas acusadas de colaborar con Israel y aceleraron juicios que derivaron en al menos seis ejecuciones.

Según datos oficiales, hasta fines de junio murieron en Irán al menos 224 personas como consecuencia del conflicto, entre ellas 74 mujeres y niños. En Israel, se registraron al menos 24 muertes. En este contexto, organizaciones internacionales alertan sobre el uso del conflicto externo como justificación para intensificar la represión interna.

Pese al clima de vigilancia y castigo, las protestas continúan. El 12 de julio, Día Nacional del Hiyab y la Castidad, decenas de mujeres se quitaron públicamente el velo en distintos puntos del país y difundieron los videos en redes sociales.

La fecha, instaurada por el Estado para promover el uso del velo, se transformó en un símbolo de desobediencia civil. Aunque muchas de las participantes fueron detenidas, las imágenes circularon como muestra de un rechazo persistente a las normas vigentes.

UN CONFLICTO ABIERTO Y SIN RESOLUCIÓN INMEDIATA

Para los analistas políticas y especialistas, las manifestaciones actuales son la continuidad directa de las protestas de 2022 y responden a factores internos: crisis económica, inflación, desempleo y desgaste del poder clerical. Según explica, no se trata de protestas antirreligiosas, sino de un cuestionamiento al establishment religioso y político.

En ese marco, el liderazgo iraní enfrenta una disyuntiva estratégica: avanzar en reformas graduales, como propone el presidente Masoud Pezeshkian, o profundizar la represión para evitar cambios estructurales. Por ahora, la respuesta dominante sigue siendo el control y la coerción.

Mientras tanto, para millones de mujeres iraníes, la vida cotidiana continúa atravesada por la vigilancia, el riesgo de sanción y la criminalización de decisiones básicas. La situación permanece abierta, en un país donde los derechos de las mujeres se han convertido en uno de los principales campos de disputa política y social.

Mostrar el pelo, usar ropa ajustada o llevar maquillaje puede derivar en sanciones