Días atrás, la Justicia de La Plata dictó la prisión preventiva para Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, pero en las últimas horas, la pareja, vinculada a una agrupación política y empleada en el Senado de la provincia de Buenos Aires, dejarían la Alcaidía Departamental "Roberto Pettinato" para su traslado a una unidad penitenciaria común.
Según se pudo conocer, en base a la resolución del juez de garantías Juan Pablo Masi, la decisión se tomó luego del testimonio de las víctimas en una audiencia clave. A partir de estos relatos, el magistrado decidió ampliar la calificación legal contra Rodríguez y Silva Muñoz, quienes enfrentan cargos por abusos sexuales contra militantes y trabajadoras de la Legislatura.
La nueva imputación incluye el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño causado en la salud mental de las damnificadas, el uso de armas y la participación de dos personas en los hechos".
Este agravante por daño psicológico no formaba parte del pedido inicial de la fiscal Betina Lacki, quien aguardaba los resultados de las pericias oficiales. Sin embargo, el juez consideró que el testimonio directo de las mujeres resultó prueba suficiente para recrudecer la acusación de forma inmediata.
La investigación judicial sostiene que los detenidos lideraban una estructura con tintes mesiánicos denominada "La Orden de la Luz". Bajo este ardid, captaban a jóvenes de entre 18 y 25 años con promesas de contratos laborales y pasantías en la Legislatura bonaerense. Una vez dentro del círculo de confianza, las víctimas sufrían manipulaciones psicológicas, coacciones y agresiones sexuales, incluso dentro de dependencias oficiales como la oficina 007 del Senado.
Para justificar la continuidad de la detención en una cárcel, el magistrado subrayó la gravedad de los delitos y el peligro de que los acusados entorpezcan la causa en libertad.
La Justicia detectó además maniobras de amedrentamiento, como el envío de correos electrónicos con amenazas sobrenaturales y de muerte hacia los familiares de quienes intentaron romper el silencio. Con esta medida, Rodríguez y Silva Muñoz permanecerán bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense mientras avanza la instrucción de un caso que sacude los cimientos del poder político provincial.
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