Entre “la moral” y “la casta”: el Gobierno redefine su estrategia en la Justicia con la llegada de Mahiques

Germán López

El tono exaltado y desafiante del Presidente y los anuncios contenidos en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso anticipan el clima de confrontación con el que el Gobierno encarará su ambicioso año legislativo.

Fue en medio del intercambio de insultos y provocaciones con diputados opositores cuando Javier Milei anunció el inicio de una nueva era en la que el concepto de “moral” ocuparía el centro de su gestión como política de Estado. Según su interpretación, quedaría atrás la “vieja política” y se cerraría definitivamente el ciclo decadente del “modelo de la casta”.

LA DESIGNACIÓN DE MAHIQUES

En ese contexto se conoció esta semana la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia de la Nación, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, quien dejó el cargo tras más de dos años de gestión sin haber logrado la designación de un solo juez o fiscal. Su salida arrastró además a su número dos, Sebastián Amerio, que será reemplazado por Santiago Viola.

La designación ocurre en un momento especialmente sensible para el sistema judicial. Más de 200 cargos de jueces permanecen vacantes, a lo que se suman dos lugares sin cubrir en la Corte Suprema y el puesto de Procurador General, ocupado interinamente por Eduardo Casal. En el oficialismo existe la decisión de avanzar ahora con los nombramientos, aprovechando un escenario parlamentario más favorable y la posibilidad de acercarse a los dos tercios necesarios en el Senado.

Sin embargo, desde el inicio de su gestión algunas decisiones adoptadas por el Gobierno en materia judicial parecen tensionar con la idea de la “moral” como valor rector de la gestión y con el proclamado objetivo de terminar con la casta.

El caso más emblemático fue el intento de nombrar a Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema, una iniciativa que naufragó en medio de fuertes cuestionamientos sobre su desempeño. Milei había intentado designarlo por decreto “en comisión” junto a Manuel García-Mansilla. Entre las críticas, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señaló falta de idoneidad, dudas sobre su integridad y escasos antecedentes académicos, además de inconsistencias en la información presentada ante el Senado.

TAPIA Y TOVIGGINO

Si el objetivo es combatir a la “casta”, el nombramiento de Mahiques abre más de un interrogante. El hasta hace poco jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, cargo al que había llegado impulsado por Horacio Rodríguez Larreta, ostenta una red de vínculos que incluye nombres de peso dentro de la “nomenklatura” del poder. Uno de ellos es Daniel Angelici, quien lo promovió como número dos del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri. También aparece Claudio “Chiqui” Tapia, que lo vinculó con la Universidad del Fútbol Argentino (UNAFA), donde llegó a desempeñarse como vicerrector hasta su renuncia, poco antes de que se abrieran investigaciones judiciales que alcanzaron a la conducción de la AFA. En ese mismo entorno aparece Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, con quien distintas versiones lo conectan en episodios judiciales. Entre sus vínculos personales también se menciona al senador kirchnerista Eduardo “Wado” De Pedro, exministro del Interior.

UN APELLIDO CON PESO PROPIO

El apellido, además, tiene peso propio en los tribunales. Su padre, Carlos Mahiques, integraba la Cámara Federal de Casación Penal -máximo tribunal penal por debajo de la Corte Suprema- y quedó salpicado en una causa vinculada a una quinta en Pilar adjudicada a Toviggino. El camarista debía resolver un conflicto de competencia en ese expediente cuando se supo que había celebrado allí su cumpleaños el año pasado. Días después renunció a la subrogancia en la vocalía de Casación donde se tramitaba el caso.

Otro nombre que aparece en el entramado es el de Santiago Viola, abogado cercano a Karina Milei y apoderado de La Libertad Avanza. Su trayectoria tampoco está exenta de polémicas. En 2018 fue detenido y luego procesado por atropellar y causar la muerte de Martín Fexesta Maidana mientras conducía un BMW por la Panamericana. También defendió a Lázaro Báez y sus hijos en la causa por lavado de activos conocida como la “Ruta del dinero K” y fue procesado por instigar la presentación de testigos falsos contra el juez Sebastián Casanello para apartarlo del expediente. Finalmente fue sobreseído por la Cámara Federal de Casación por falta de pruebas.

¿Cómo debe leerse entonces la designación de Mahiques, integrante de un clan familiar que encarna con bastante precisión lo que el propio Presidente suele denunciar como “casta”?

Una explicación posible es política antes que institucional. La designación expone una interna en el corazón del poder: Santiago Caputo habría debido resignar frente a Karina Milei el control del estratégico ministerio. Pero también revela la necesidad del Gobierno de contar con un interlocutor confiable en Comodoro Py, el territorio donde se investigan los casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y fraude contra el Estado.

En la Argentina real, la guerra contra la casta parece admitir excepciones. Y cuando se trata de administrar poder en los tribunales, los viejos apellidos, las redes de influencia y los vínculos con la política siguen pesando más que cualquier discurso de renovación.