Pierde fuerza el interés oficial por investigar a Tapia y Toviggino

La decisión del abogado Agustín Ortiz de Marco de apartarse de la veeduría dispuesta sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a poner bajo la lupa el verdadero alcance del control que el Gobierno había anunciado sobre la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Ortiz de Marco era uno de los dos veedores designados para supervisar durante seis meses distintos aspectos del funcionamiento institucional de la AFA, en medio de denuncias que apuntan a irregularidades administrativas y que involucran tanto al presidente de la entidad como a su tesorero, Pablo Toviggino.

La salida del funcionario, sin embargo, dejó debilitado el esquema previsto originalmente y alimentó las dudas sobre el interés real del Ejecutivo en avanzar con una investigación de fondo sobre la casa madre del fútbol argentino.

La designación de los veedores había surgido a partir de una presentación de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo estatal encargado de supervisar asociaciones civiles y fundaciones.

La intervención en grado de veeduría fue dispuesta por un plazo de 180 días y tenía como objetivo revisar distintos aspectos del funcionamiento institucional de la AFA. Entre los puntos a analizar figuraban las cuentas de la entidad, el sistema de transferencias y algunos proyectos institucionales vinculados a su estructura.

El nombramiento de los veedores se concretó el 16 de marzo, pocos días después de que Juan Bautista Mahiques asumiera como nuevo ministro de Justicia. El cambio en la conducción de esa cartera había provocado previamente una reconfiguración interna del área y el desplazamiento de varios funcionarios que habían impulsado inicialmente la idea de avanzar con controles sobre la entidad del fútbol argentino.

Una veeduría que nunca llegó a activarse

Si bien Ortiz de Marco argumentó públicamente que su decisión de apartarse obedecía a una fuerte carga laboral, distintas versiones indicaron que la renuncia respondió en realidad a la falta de condiciones para comenzar el trabajo.

Según trascendió, a más de un mes de su designación nadie del Gobierno se había comunicado con él para poner en marcha la tarea prevista en la resolución oficial. Tampoco se habían definido mecanismos concretos de trabajo ni se habían establecido reuniones iniciales para comenzar el relevamiento.

Además, la resolución que lo nombraba le permitía conformar un equipo técnico para desarrollar la tarea de supervisión, pero nunca se le asignaron fondos para hacerlo. Esto implicaba que, en la práctica, debía afrontar con recursos propios los costos de una estructura profesional destinada a revisar las cuentas de una organización compleja como la AFA.

En ese contexto, el abogado concluyó que no estaban dadas las condiciones mínimas para asumir una responsabilidad de ese nivel sin herramientas operativas ni respaldo institucional.

Los vínculos que alimentan las sospechas

La salida del veedor también reavivó cuestionamientos sobre los vínculos entre el actual ministro de Justicia y la dirigencia del fútbol argentino.

Juan Bautista Mahiques fue designado por Claudio Tapia como vicerrector de la Universidad de la AFA, un proyecto académico impulsado por la entidad que nunca llegó a consolidarse plenamente. Además, el funcionario ocupa un lugar como representante en la Comisión de Ética de la Conmebol, la organización que rige el fútbol sudamericano y que mantiene una relación cercana con la conducción de la AFA.

Estos antecedentes alimentaron las suspicacias sobre el grado de independencia con el que podría avanzar una investigación impulsada desde el propio Ministerio de Justicia.

Tras la salida de Ortiz de Marco, el esquema de supervisión quedó reducido a un solo veedor: el contador Rubén Miguel Papacena, quien había sido designado junto al abogado en la resolución original.

Ahora el Ministerio de Justicia deberá definir si designa a un reemplazante para completar la dupla prevista o si modifica el mecanismo de control sobre la AFA.

Mientras tanto, la veeduría —que en su lanzamiento había sido presentada como una herramienta para reforzar el control de legalidad sobre la institución— aparece debilitada antes de haber iniciado efectivamente su trabajo.

La disputa entre el Gobierno y la AFA

El episodio se produce además en un contexto de tensión entre el Gobierno nacional y la conducción del fútbol argentino.

Tapia y Toviggino han mantenido en distintos momentos fuertes diferencias con la Casa Rosada y cuestionaron la intervención de la IGJ en la estructura institucional de la AFA.

Desde la conducción del fútbol sostienen que la entidad tiene su sede formal en Pilar, dentro de la provincia de Buenos Aires, y que por lo tanto la Inspección General de Justicia no tendría competencia para designar veedores sobre su funcionamiento. Según ese argumento, cualquier control debería corresponder a la Justicia provincial.

Las anteriores autoridades de la IGJ, en cambio, habían sostenido que ese cambio de domicilio institucional era irregular y que por esa razón el organismo estaba habilitado a intervenir.

En ese escenario, la salida de uno de los veedores dejó el proceso de supervisión en una situación incierta.

La medida que había sido presentada como un paso para reforzar el control estatal sobre la AFA terminó envuelta en tensiones políticas, cuestionamientos judiciales y dudas sobre su implementación efectiva.

Con uno de los dos supervisores fuera del esquema y sin señales claras sobre cómo continuará el proceso, el intento oficial de avanzar sobre las cuentas y el funcionamiento de la entidad parece haber perdido impulso incluso antes de comenzar.