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Javier Milei
La Casa Rosada está previendo la vuelta de las reuniones del Presidente con gobernadores. No con todos porque, como en otras ocasiones, las fotos de rigor volverán a excluir a Axel Kicillof y otros peronistas refractarios al esquema libertario como Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa).
La idea oficial es contener los reclamos en ascenso de las diversas administraciones que sienten la crisis económica, que se traduce en la baja de los recursos por coparticipación nacional que reciben y una merma en los ingresos propios.
Unas de las primera señales oficiales se produjo hace algunos días cuando se anunciaron adelantos de coparticipación de hasta $400.000 millones.
“De esta manera se evita que los territorios salgan al mercado para afrontar sus desafíos y corran el riesgo de endeudarse con intereses del 30% y 45% aproximadamente”, contextualizan en Balcarce 50. Reemplazar transferencias por adelantos implica mayor dependencia financiera de cara al futuro. En paralelo, Economía ya tiene listas las resoluciones para conceder el traslado de la operación de más de mil kilómetros de rutas a gobernadores variopintos, una respuesta a un reclamo recurrente.
La mayoría de los mandatarios quiere lo mismo: fondos para obra pública, compensación por la caída de transferencias no automáticas, ayuda para subsistir sin atrasos salariales y un esquema financiero previsible para el resto de 2026.
Los adelantos de coparticipación apuntan a atender justamente uno de esos planteos: garantizar el pago de sueldos.
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La inquietud de los mandatarios no es antojadiza. Las provincias registraron una caída real acumulada del 8,3% en las transferencias totales, lo que equivale a una pérdida de $1.559.141 millones.
Esta situación se explica por diversas razones. Primero, por la retracción del 6,4% real en las transferencias automáticas como la coparticipación y el desplome del 59,1% de las no automáticas. Y hay que añadir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), utilizados históricamente para asistir a los distritos, que son prácticamente nulos.
El caso de Buenos Aires es por demás notorio. El gobernador Kicillof calcula que desde la asunción de Javier Milei lleva perdidos $22,2 billones por recortes de programas, obras paralizadas, deudas directas y el impacto de la política económica. “Para dimensionar el impacto, esa cifra equivale a 8 años de inversión en obra pública provincial, a la mitad del presupuesto de toda la administración bonaerense o a más de un año de recaudación propia. Y en términos físicos, equivale a más de 15.000 km de rutas”, suele graficar el ministro de Economía, Pablo López.
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