Revés judicial para Tapia y Toviggino: anulan el fallo que había enviado la causa de la mansión de Pilar a Campana

La Cámara Federal de Casación Penal anuló este viernes la resolución que había derivado a la Justicia federal de Campana la investigación sobre la lujosa mansión de Pilar atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. El expediente, que también salpica al presidente de la entidad, Claudio Tapia, deberá quedar ahora bajo definición de la Cámara en lo Penal Económico.

Según resolvió Casación, será ese tribunal el encargado de determinar qué juez continuará con la investigación: si el federal de Campana, Adrián González Charvay, o un magistrado del fuero Penal Económico. Los camaristas además reclamaron que la decisión se adopte “con la celeridad que el caso impone”.

Hasta tanto se resuelva la disputa de competencia, la causa seguirá temporalmente bajo la órbita de González Charvay. La definición quedará en manos de la Cámara Penal Económico, integrada por Roberto Hornos y Carolina Robiglio, que además analiza otra investigación sensible contra las autoridades de la AFA: el procesamiento de Tapia, Toviggino y otros dirigentes por la presunta retención indebida de $19.300 millones correspondientes a impuestos y aportes.

Ese tribunal ya ratificó la prohibición de salida del país para ambos dirigentes y rechazó pedidos de cierre de la investigación, mientras aún debe resolver si confirma o no los procesamientos.

La decisión de Casación fue adoptada por mayoría de los jueces de la Sala I, Ángela Ledesma y Javier Carbajo, quienes dejaron sin efecto el fallo de la Cámara Federal de San Martín que había ordenado el pase del expediente a Campana.

En su voto, Carbajo sostuvo que la Cámara de San Martín “no tenía jurisdicción” para resolver el conflicto de competencia y remarcó que debía intervenir el tribunal de apelación correspondiente al juez que tomó conocimiento primero del caso. Ese magistrado fue Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico.

Ledesma coincidió y afirmó que, independientemente de la naturaleza de los hechos investigados, la disputa debía elevarse al tribunal correspondiente al magistrado que intervino inicialmente, y advirtió que la intervención de otro órgano implicó apartarse del procedimiento legal previsto.

La postura minoritaria fue del juez Mariano Borinsky, quien consideró que la causa debía permanecer en Campana. A su entender, anular la resolución para que otro tribunal de igual jerarquía vuelva a pronunciarse implicaría una demora innecesaria y atentaría contra la economía procesal.

También hubo diferencias respecto del modo en que deberá resolverse el conflicto: Carbajo y Borinsky sostuvieron que la decisión de la Cámara Penal Económico debe ser colegiada, mientras que Ledesma consideró que podría resolverse de forma unipersonal.

La investigación por la mansión de Pilar

La causa gira en torno a una propiedad de 105 mil metros cuadrados ubicada en Pilar, con helipuerto incluido, formalmente registrada a nombre de la firma Real Central, vinculada a Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte. La Justicia investiga si ambos actuaron como presuntos testaferros, ya que ninguno tendría capacidad económica declarada para justificar la compra.

La principal sospecha apunta a que el verdadero propietario sería Toviggino. Durante distintos procedimientos se encontraron en el lugar elementos que reforzaron esa hipótesis, entre ellos un bolso institucional de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central con el nombre del dirigente.

Además, en la vivienda había 54 vehículos de alta gama con autorizaciones de manejo vinculadas a familiares del tesorero de la AFA. Según la investigación, Pantano también utilizaba una tarjeta corporativa de la entidad para afrontar gastos, incluidos pagos de Telepase.

El expediente había comenzado en el juzgado de Aguinsky, pero la defensa de Pantano y Conte pidió su traslado a Campana, algo que finalmente ocurrió tras un fallo de Alberto Lugones. Sin embargo, los fiscales que intervinieron sostuvieron que el caso debía continuar en el fuero Penal Económico, lo que terminó llevando la discusión hasta Casación.

En el trasfondo de la disputa judicial aparece una cuestión política: en el entorno de la AFA consideran más favorable la jurisdicción de Campana para afrontar la investigación. Incluso, uno de los proyectos impulsados por la dirigencia es trasladar la sede de la entidad a Pilar.

Cuando Aguinsky estuvo al frente del expediente, planteó como hipótesis que la mansión habría sido adquirida con fondos de la AFA mediante una maniobra de administración fraudulenta. Esa línea investigativa luego fue retomada por González Charvay, quien ordenó peritajes sobre los movimientos financieros de la entidad.

Ahora, la expectativa está puesta en la decisión de la Cámara Penal Económico. Si el tribunal define que el expediente debe regresar a ese fuero, ya no volvería a manos de Aguinsky, quien actuaba como subrogante del juzgado 10. Actualmente, ese despacho está a cargo de la jueza Verónica Straccia.