Menos subsidios a la luz y el gas, y más usuarios que pagan la tarifa plena

La política energética en la Argentina atraviesa una transformación estructural: actualmente hay 2,1 millones de hogares menos que reciben subsidios en electricidad y casi 900.000 menos en gas por redes en comparación con el inicio de la gestión de Javier Milei. En paralelo, creció la proporción de usuarios que pagan la tarifa plena, que ya alcanza cerca de la mitad del total, según el servicio considerado.

Este proceso responde a un cambio de enfoque en el gasto público, donde el Gobierno avanzó con recortes en uno de los rubros más sensibles del presupuesto. La reducción se apoyó en aumentos tarifarios, una depuración del padrón de beneficiarios y una mayor producción energética local, impulsada en parte por Vaca Muerta.

El ajuste tuvo efectos significativos en las cuentas públicas. En los últimos dos años y medio, el recorte de subsidios superó los US$5.600 millones. En términos del PBI, el gasto pasó de niveles cercanos al 1,4% a alrededor del 0,6%, con la meta oficial de alcanzar el 0,5% en 2026.

Además, se detectaron irregularidades en el padrón: hogares de alto poder adquisitivo que recibían subsidios, registros a nombre de personas fallecidas y millones de usuarios que cumplían los requisitos pero no habían solicitado la asistencia.

En electricidad, los hogares subsidiados bajaron de 10,8 millones a fines de 2023 a 8,73 millones tras la implementación del nuevo esquema. En gas por redes, los beneficiarios descendieron de 5,64 millones a 4,78 millones.

El cambio se consolidó con el paso de un sistema segmentado por ingresos —con tres niveles— a un modelo más simple que distingue entre hogares con subsidio y sin subsidio, definido mediante cruces de datos sobre ingresos, patrimonio y consumo.

Tarifas más altas

El reordenamiento implicó también un aumento en las tarifas. Actualmente, los usuarios cubren cerca del 70% del costo de la energía, frente a aproximadamente el 30% al inicio de la gestión.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, una factura promedio de electricidad para un consumo de 250 kWh ronda los $21.069 con subsidios y $46.488 sin ellos. En gas, para un consumo anual típico, los valores llegan a $33.987 con subsidio y $39.309 sin asistencia.

Uno de los efectos del ajuste fue la mejora en la cobrabilidad del sistema: la tasa de pago pasó de alrededor del 48% a niveles cercanos al 97%, reduciendo la morosidad al 3%.

Sin embargo, el impacto sobre los hogares es significativo. El aumento de los servicios públicos avanzó por encima de la inflación y redujo el ingreso disponible para otros consumos. Este fenómeno se refleja tanto en encuestas de percepción como en la dinámica inflacionaria reciente.

Un cambio estructural con desafíos a futuro

Especialistas coinciden en que el proceso en marcha implica un cambio de régimen más que un ajuste puntual: se pasó de un sistema de subsidios generalizados a uno más focalizado.

No obstante, persisten desafíos, especialmente en la identificación de los sectores que necesitan asistencia y en la sostenibilidad del esquema sin generar nuevas tensiones sociales. En un país donde las tarifas energéticas han sido históricamente un tema sensible, el equilibrio entre reducción del gasto y capacidad de pago de los usuarios será clave en los próximos años.