En medio de la controversia instalada en el país en los últimos días en torno al desempeño de los jueces, a partir del polémico fallo absolutorio en el caso de Marita Verón, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó ayer por amplia mayoría el proyecto impulsado por el gobernador Daniel Scioli que apunta a implementar el sistema de juicios por jurados en la Provincia.
La iniciativa fue votada por todos los bloques, con excepción de la Coalición Cívica, y girada al Senado, que ayer convocó a una nueva sesión extraordinaria para la semana próxima donde podría ser sancionada.
Antes de la sesión, Scioli recibió en la Gobernación a legisladores nacionales y provinciales del oficialismo y la oposición y aprovechó para enviar un mensaje en línea con el planteo de la presidenta Cristina Kirchner de “democratizar la Justicia”. “El caso Verón, que nos ha conmovido a todos, pone en evidencia la necesidad de implementar la democratización de la Justicia mediante la participación ciudadana, con tribunales populares, en el caso de delitos graves, que garanticen una sentencia acorde a las características del caso”, sostuvo.
Antes, en una entrevista radial, el Gobernador había ido más allá: los condenados que fueron absueltos hubieran “tenido una condena ejemplar” si hubiera estado a cargo de un jurado, arriesgó.
COMO SE IMPLEMENTARA
El proyecto aprobado ayer pone en marcha el sistema de jurados que funciona en Estados Unidos, países de Europa y América Latina y en provincias como Córdoba, donde. fue implementado en 2005 con más de 300 juicios realizados con esta modalidad.
La norma establece que los cuerpos estarán integrados por 12 ciudadanos “comunes”, sin formación jurídica, argentinos nativos o naturalizados de entre 21 y 75 años de edad, que recibirán instrucciones de un juez y decidirán en torno a la inocencia o culpabilidad de quien sea sometido a ese proceso.
Los jurados integrados por ciudadanos actuará en la tramitación de procesos judiciales cuando el delito que se investiga tenga una pena prevista “mayor a 15 años” de cárcel.
El proyecto modificado en Diputados establece que el mecanismo de jurados será optativo para los procedimientos judiciales. Será el propio imputado quien tendrá la facultad de resolver si “acepta” un jurado de civiles y legos, tal como conforma el proyecto, o si prefiere enfrentar un juicio con el formato tradicional.
Los jurados deberán definir la culpabilidad o no del imputado, mientras que los jueces deberán encuadrar el proceso y dictar luego la sentencia. La norma establece que para definir uno u otro caso se deberá contar con al menos, “10 votos” en el mismo sentido.
La pronunciación sobre la “no culpabilidad” del imputado, dejará a éste automáticamente en libertad, mientras que lo que resuelva el jurado será de condición “irrecurrible”, aunque sí lo serán las resoluciones judiciales que sigan, con la aplicación de la condena que le imponga la Justicia.
SELECCION
Los cuerpos estarán integrados por ciudadanos elegidos a través de un sorteo con base en el padrón electoral. La designación tendrá carácter de “carga pública obligatoria”.
El proyecto restringe la posibilidad de integrar los jurados a quienes desempeñen cargos públicos por elección popular, o cuando fueran designados, “con cargo equivalente o superior a Director” tanto en la administración provincial, como en la Nacional.
La norma excluye además de a funcionarios o empleados del Poder Judicial, a los “abogados, escribanos y procuradores”. Este último punto lo diferencia de la otra versión actualmente vigente en el país, el caso cordobés, donde sí actúan profesionales del derecho.
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