Aciertos y fallas de la nueva ley educativa

Ha sido promulgada recientemente la ley de Educación Nacional. La decisión que ha llevado a sancionarla reconoce como origen una constatación: el fracaso de la reforma vigente durante la última década. Hablar de fracaso suena duro, pero según el juicio de algunos funcionarios, nuestros escolares han perdido los saberes elementales: leer, escribir y calcular. Es sabido que el incremento del número de analfabetos se suma el drama del analfabetismo funcional. Por no mentar la notoria decadencia cultural.

Nuestra manía legislativa nos inclina a pensar que multiplicando las leyes se resuelven los problemas. ¡Si así fuera, al menos en este caso! Pero no faltan razones que nos permitan dudar.

La nueva ley contiene aciertos innegables: garantiza y regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender y, por lo tanto, incluye el principio de libertad de enseñanza. Concibe a la educación como un bien público, como un derecho personal y social y la propone como una prioridad, objeto de una política de Estado. Se afirma correctamente que el fin de la educación es desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas y promover en el educando la capacidad de definir su proyecto de vida. Se reconoce a la familia como agente natural y primario y se mantiene la definición, aportada por la anterior Ley Federal, de un único sistema de educación nacional, con dos vertientes, la gestión estatal y la privada. La obligatoriedad del secundario, establecida en el texto, no será de fácil cumplimiento si la pobreza extrema continúa lacerando a tantas familias argentinas. Se propone también una financiación adecuada, con mejor presupuesto. ¡Ojalá pueda realizarse! pero, ¿no rondará en la imaginación de los legisladores el fantasma de un Estado de bienestar, que ya no existe?

UNA LOGICA ESTATISTA

Pasemos a los aspectos negativos de la nueva norma. Estos son varios, y de no poca entidad. Vale la pena notar que la ley se aprobó sin debate parlamentario y que la consulta previa, promovida por el Ministerio de Educación nacional, concitó una participación más bien escasa.

Se advierte en las disposiciones una lógica estatista, que marca, además, la organización del sistema con una impronta de excesiva centralización. Por otra parte, se consagra la intromisión de las organizaciones sociales en el ámbito escolar y se concede a los alumnos el derecho a participar en la toma de decisiones, en la formulación de proyectos y en la elección de currícula. ¿En qué vendrá a parar todo esto? Contradictoriamente, el derecho primario de los padres de familia puede quedar soslayado o neutralizado en su ejercicio.

No se explicitan las dimensiones de la formación integral que se postula como fin, porque se ha querido omitir la dimensión espiritual y religiosa. Este silencio actualiza el laicismo ancestral de la educación argentina, agravado ahora por la filosofía constructivista que ha inspirado el proyecto. La visión cercenada, reductiva, del hombre que es propia de semejante pensamiento, aparece reforzada por la introducción de la "ideología de género"; se hace referencia a las leyes recientes con los programas de salud reproductiva y educación sexual y al protocolo de la CEDAW. Ya tenemos un anticipo de los posibles contenidos "de género" en los núcleos de aprendizajes prioritarios que están circulando: no existe un único modelo de familia, sino muchos y todos igualmente válidos. Se está preparando a la población escolar para la superación de los "estereotipos"; así se considera en la "perspectiva de género" a la familia basada en el matrimonio de un varón y una mujer. Una muestra clara de cómo el constructivismo postula la destrucción del orden natural. ¿Quiénes decidirán los contenidos de educación sexual y de otros temas esenciales?

La ley da cabida a disposiciones específicas. Un contenido básico será "la construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado". Es de temer que se imponga la historia oficial, que ya ha sido rápidamente establecida, vale decir, que se reemplace la historia por la ideología. La memoria ha de ser completa, no sesgada o hemipléjica, y la historia como disciplina requiere una elaboración científica, y tiempo para que la memoria vaya decantando y pueda acoger ponderadamente todos los elementos del pasado. Ideología y propaganda, resentimiento y partidismo ya invadieron otras veces las aulas. Apelo a mis recuerdos escolares: entre 1952 y 1955 los libros de lectura nos hablaban de los logros de la Nueva Argentina y nos ejercitábamos en las páginas de "La razón de mi vida"; a partir de 1956 los textos que se nos impusieron denostaban a la "segunda tiranía" y no registraban más que horrores en la década precedente. Sería penoso que vuelva a ocurrir.

Una última observación. Existe una contradicción entre el derecho de los padres, que la ley reconoce, de elegir para sus hijos la educación que responda a sus convicciones y creencias y la exclusión de la dimensión religiosa o la imposición de contenidos ideológicos. Se dirá: ¡qué los envíen a una escuela privada, confesional! Pero entonces, para que aún las familias de menores recursos puedan ejercer el derecho de elegir libremente y sin discriminación alguna, es preciso que la financiación de la escuela privada, por parte del Estado, sea completa, en perfecta igualdad con la de gestión estatal. Y que el aporte no sea considerado una dádiva, sino una garantía de auténtica libertad.

(*) Arzobispo de La Plata