Papel Prensa: el Gobierno va a la Justicia e impulsa regulación legal

La presidenta Cristina Kirchner anunció ayer que presentará una denuncia penal para investigar la venta de Papel Prensa durante la dictadura y remitirá al Congreso un proyecto de ley a fin de declarar de "interés público" la producción y comercialización del papel para diarios.

La decisión fue hecha pública en la Casa Rosada durante la presentación del informe denominado "Papel Prensa-La verdad", que detalla pormenores del traspaso de acciones de la compañía -la única en la producción de pasta de celulosa para medios gráficos- a manos de los diarios Clarín, La Nación y La Razón en 1977.

El informe fue elaborado bajo la supervisión del polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y la directora estatal en la empresa, Beatriz Paglieri; y la presentación se realizó ante una audiencia compuesta por dirigentes oficialistas pero en la que se notaron los faltazos empresarios.

Así, el Gobierno renovó su enfrentamiento con las autoridades de los diarios Clarín y La Nación, a quienes la jefa de Estado acusó de asumir el control de Papel Prensa a través de "amenazas y presiones" contra sus antiguos dueños, la familia del empresario David Graiver.

"Esto no es para controlar a nadie sino para que dejen de controlar a todos los argentinos y dejen que la seguridad jurídica y la libre competencia pueda ser gozada por todos. Debemos dar cauce a esta situación que lleva 33 años con prácticas desleales e infieles", sostuvo la Presidenta, en un mensaje que se extendió por más de una hora por cadena nacional.

LA ESTRATEGIA JUDICIAL

La jefa de Estado anunció que serán el procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, los encargados de "hacer las presentaciones judiciales correspondientes" para evaluar la responsabilidad de las autoridades de los tres matutinos en el traspaso "ilegal" de acciones de la firma.

"Creo en la división de poderes y sólo los jueces de la república pueden condenar. Tengo la obligación de dar cauce judicial a esta situación de manejo oscurantista y prácticas competitivas desleales", indicó la mandataria, tras subrayar que actualmente el Estado tiene el 28 por ciento de las acciones, Clarín el 49 y La Nación el 23 por ciento.

LA DENUNCIA

Antes de que hablara la Presidenta, el consejero del Gobierno en Papel Prensa, Roberto González Arzak, detalló los alcances de la denuncia penal: indicó que las empresas periodísticas recurrieron a "una variedad de delitos de lesa humanidad" contra el Grupo Graiver (entonces titular de Papel Prensa), que incluyó "amenazas, apremios ilegales, secuestros, torturas y sustracción de bienes", por lo que la causa es "imprescriptible".

Se refirió a la historia de los representantes del Grupo y la familia de Graiver -muerto en un extraño accidente en agosto de 1976-, especialmente el caso de su mujer, Lidia Papaleo, quien denunció que fue obligada a firmar la venta de acciones por 996 mil dólares; una cifra que en el informe se menciona como muy inferior a la que arrojaban las tasaciones de aquella época.

"Quienes suscribieron la venta de acciones lo hicieron sin libertad, sólo con la libertad ambulatoria. Pero cinco días después de firmar Lidia Papaleo fue detenida. Así se logró dejar fuera a Papel Prensa de todos los bienes" que le fueron expropiados durante su secuestro, denunció la Presidenta.

"VENTAJAS COMPETITIVAS"

El informe, que abarca 26 mil fojas, detalla además las "irregularidades en el manejo de la compañía", a partir de las "ventajas competitivas" que tuvieron los accionistas privados a partir del control de la empresa en detrimento de diarios más chicos y la "sindicalización de acciones" para la toma de decisiones en forma uniforme.

Con ese bagaje argumental, la Presidenta no agotará las instancias en la Justicia, sino que también hará intervenir al Congreso: el punto principal del proyecto que será girado al Parlamento propone "declarar de interés público la producción de pasta de celulosa y papel de diario para su distribución y comercialización".

Ese texto también encomienda al Poder Ejecutivo a establecer un "marco regulatorio" de este insumo básico para las empresas periodistas gráficas con el fin de garantizar "el trato igualitario para todos los diarios de la República Argentina en precio, condiciones y cantidades".

Como tercer eje, se busca establecer una "política de mayor inversión" en Papel Prensa, en la que -según indicó la Presidenta- el Estado como socio minoritario "está dispuesto a participar en la porción que le corresponda", pero que apuntará especialmente a abandonar la importación de insumos para que "todo sea de producción nacional".

COMISION BICAMERAL

El proyecto finaliza con la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento para someter a consideración del Parlamento el marco regulatorio, y la autorización para que representantes de ese cuerpo puedan participar como "observadores" de las reuniones de directorio de la compañía cuya planta está en San Pedro.

Durante su prolongada presentación, que fue seguida por Néstor Kirchner y Lidia Papaleo en la primera fila, la Presidenta se valió de abultada documentación y la exposición de varias filminas con notas periodísticas de ambos diarios y actas de las Juntas.

De hecho, Cristina Kirchner comparó la situación de las máximas figuras de Clarín y La Nación, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, con la del ex ministro de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz, detenido por delitos de lesa humanidad pese a que se desempeñó como civil durante el proceso militar.

La Presidenta afirmó que el control del Grupo Clarín sobre la firma lo transformó en "una empresa monopólica integral" que "controla la palabra impresa".

Previamente, la representante del Gobierno en el directorio de Papel Prensa, Beatriz Paglieri, destacó que tanto Clarín como La Nación "necesitaban de acciones clase A para gerenciar la empresa y ponerla a su servicio", lo que consiguieron a través de mecanismos del "terrorismo de Estado".

TRES PERIODOS

La Presidenta dividió la historia de Papel Prensa en tres períodos: el primero, según afirmó, se inició cuando "el general Lanusse llamó a licitación para la construcción de la planta y se declaró desierta, por lo que se entregó directamente al Grupo integrado entre otros por Civita, de Editorial Abril".

"El segundo período es el del Grupo Graiver, quien compró las acciones. Tenía (ese grupo económico) activos por 200 millones de dólares y dos bancos en la Argentina y otros en el mundo. Graiver había sido funcionario y amigo personal de Francisco Manrique durante la gestión Lanusse. En 1976 adquieren las acciones del grupo fundador y pasa a controlar la empresa con las acciones A. El tercer período comenzó el 24 de marzo de 1976", dijo la Presidenta.

El informe oficial considera que la operación de compra efectuada por Clarín, La Nación y La Razón fue, en realidad "un acto de apropiación ilegal" enmarcado en hechos delictivos de lesa humanidad. Esa interpretación es la que el Poder Ejecutivo llevará ahora a la Justicia, en el inicio de un proceso que se anticipa arduo y prolongado.

"POR ENCIMA DE TODOS"

En el cierre de su discurso, la Presidenta afirmó que con el informe "confirmo una presunción que yo arrastro desde hace mucho tiempo: la de la existencia de un poder que ha actuado por encima del poder político, del Congreso y hasta de la Justicia; un poder invisible al que muchos se han subordinado".

Con esa última alusión a Clarín y La Nación, Cristina Kirchner dejó abierto un proceso que ahora seguirá en la Justicia y en el Congreso.