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MADRID.- Los partidos nacionalistas de Cataluña se plantean la posibilidad de un plebiscito después de que el domingo casi dos millones de catalanes se pronunciaran en el llamado proceso participativo, sin validez legal, a favor de la independencia y piden a Rajoy negociar.
Los dos principales partidos españoles discrepan en su valoración de dicho proceso participativo y mientras el gobernante Partido Popular (PP) cree que la consulta del domingo se hizo “al margen de la legalidad” y por tanto, el Gobierno “actuará en consecuencia”, los socialistas (PSOE), el principal partido de oposición, exigen al Ejecutivo que “abra un espacio para el diálogo, la negociación y la resolución política”.
proceso participativo
El proceso participativo, en el que intervinieron 2,3 millones de personas sobre un censo estimado de 5,4 millones, se planteó como alternativa a una consulta sobre la independencia, que el Tribunal Constitucional español suspendió en dos ocasiones, después de que el Gobierno recurriera su convocatoria.
Según datos del gobierno regional catalán, el 80,7% de los participantes se mostraron a favor de la independencia de esta región del noreste de España, el 10% apoyó que Cataluña sea un estado, aunque no independiente, y un 4,5% se pronunció contrario a ambas posibilidades.
Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), partido al que pertenece el presidente catalán, Artur Mas, se mostró partidario a impulsar las negociaciones para un plebiscito después de estimar “altamente improbable” un referéndum pactado con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.
PROPUESTA A RAJOY
Consideran que Rajoy no debería tardar más de dos semanas en responder a la invitación a negociar un referendo que le hará el presidente de la Generalitat, Artur Mas, a través de una carta, en los próximos días.
Los independentistas de Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC), que dan apoyo político al gobierno catalán, pidieron unas elecciones anticipadas para formar un Parlamento constituyente, como una manera de “estar a la altura”, después de la votación, que consideran “un acto de soberanía”.
Sin embargo, el PP sostiene que el proceso participativo “carece de validez, no tiene fiabilidad” y el respaldo estuvo “muy por debajo” de lo que algunos pretendían, afirmó su secretaria general, María Dolores de Cospedal.
La consulta alternativa estuvo a cargo de miles de voluntarios distribuidos en 1.317 puntos de participación en Cataluña.
En distintos juzgados de esta comunidad autónoma se presentaron denuncias por parte de particulares y partidos políticos por esta actuación y la Fiscalía debe confirmar en las próximas horas si hay o no delito en la consulta. El gobierno catalán se responsabiliza de la apertura de los locales públicos donde se votó y no ofreció al Ministerio Público y se negó a identificar a las personas que abrieron esos puntos de participación.
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