Retratos del horror

Acaso no sea ninguna novedad que las cárceles de la región atraviesan un estado de abandono que las convierte en una pesadilla real y cotidiana, pero el último informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sobre las penitenciarías bonaerenses vuelven a constatar aún con más brutalidad las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y el colapso total del sistema penal en nuestra provincia. Además de un riguroso trabajo estadístico, el organismo -que es presidido por Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil- ahondó en su denuncia con un implacable relevamiento fotográfico que desnuda y confirma el infierno del que nos hablan los números.

Torturas sistemáticas, muertes evitables, hacinamiento, desprotección de derechos, crisis del servicio penitenciario y falta de acceso a la justicia son los principales indicadores del informe 2016 de la CPM, según el cual nuestra provincia “nunca tuvo tantas personas detenidas ni tantos policías en las calles como en la actualidad; sin embargo, esta política punitivista lejos de solucionar los problemas de seguridad ha incrementado las violaciones a los derechos humanos”.

El trabajo fotográfico sobre las cárceles bonaerenses -expuesto oportunamente en la sede de la CPM- fue realizado por un equipo de profesionales que, de modo comprometido y sin más interés que el de exponer una realidad poco visible para el común de la sociedad, integran el Museo de Arte y Memoria de la entidad, y representa desde su lugar una visión contundente y sensible en torno a las condiciones de vida que se experimentan puertas adentro de las unidades penitenciarias de la región.

Entre los principales indicadores que, además del relevamiento fotográfico, señalan el colapso del sistema de encierro en la Provincia se encuentran el récord histórico de 39.927 internos, de los cuales un 56% está detenido bajo prisión preventiva; las 145 muertes por cárcel dónde el 65% fueron por cuestiones de salud que habrían podido evitarse; el registro de 18.557 hechos de torturas y de agravamiento de las condiciones de detención; los 12.787 casos de tortura denunciados judicialmente por la CPM; las 3.582 causas penales iniciadas contra agentes de seguridad y de las cuales sólo 11 fueron caratuladas como torturas y las restantes con penas leves; los 2 menores de 18 años que murieron en las cárceles de jóvenes; las 79 personas que murieron solamente en dos hospitales neuropsiquiatricos públicos; y el dato demoledor que indica que hay un 59,8% de sobrepoblación en el sistema penitenciario de nuestra provincia.

Si bien los datos expuestos son del período enero-diciembre 2015 y “dan cuenta de las violaciones a los derechos humanos derivadas de la política criminal del gobierno saliente”, según el informe de la CPM, el escenario actual “no es muy diferente ni lo será a menos que se modifique la matriz que moldea el funcionamiento del sistema penal desde hace al menos 15 años: la persecución casi exclusiva de los sectores más pobres”.

En todo este tiempo, el colapso no sólo fue denunciado internamente por la CPM mediante relevamientos y notas a todos los poderes, sino a nivel internacional mediante informes y presentación de medidas cautelares por la situación particular de las personas privadas de libertad en cárceles y comisarías. “Estas denuncias -avaladas, en diciembre pasado, por una resolución de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y, más recientemente, reconocido por las nuevas autoridades provinciales- requieren medidas urgentes y herramientas institucionales que reviertan este cuadro grave de violaciones a los derechos humanos”, señala el trabajo de la Comisión, según el cual resulta “imprescindible implementar la policía judicial, las fiscalías especializadas para investigar la violencia institucional, la autonomía de la defensa pública, la selección amplia, democrática y participativa de los jueces y la ley de salud mental. A esto debe agregarse la necesidad de cumplir con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura de ONU y, en ese caso, reconocer la trayectoria de la CPM como organismo local o provincial de prevención de la tortura, para designarla en tal carácter”.

39.927

Es el número de detenidos en cárceles bonaerenses según el informe de la CPM. De ese total, un 56% tiene prisión preventiva, lo que significa además una sobrepoblación carcelaria del 59%