La oposición avanza con la emergencia social

Una de cal y otra de arena ayer en el Senado para el Gobierno. Por un lado, con votos de la oposición, se aprobó y se giró a Diputados el proyecto de ley que declara la “emergencia social” y “la emergencia alimentaria” en todo el territorio nacional, medida impulsada por las organizaciones sociales que integran la llamada economía popular y cuenta con el respaldo de las centrales sindicales y la Iglesia.

Por el otro, más temprano logró convertir en ley el proyecto que crea el Régimen de Participación Público-Privada, enviado en segunda revisión por la Cámara baja, y por el cual el Gobierno busca reactivar la obra pública en el país.

El proyecto sobre emergencia fue aprobado, en general, por 45 votos afirmativos contra 13 negativos del oficialismo, sin que se registraran abstenciones. La media sanción se logró dos días antes de la marcha al Congreso convocada por las organizaciones sociales, que contará con el apoyo de la CGT, y que buscará reforzar el reclamo por la aprobación de la norma.

Al informar el proyecto, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el peronista bonaerense Juan Manuel Abal Medina, indicó que la norma “tiene como origen un reclamo social concreto” y fue impulsado por “organizaciones sociales de los más diversos sectores y de las más diversas ideologías políticas”, tras la marcha de San Cayetano en agosto pasado.

En ese sentido, señaló que la iniciativa implica “un paso muy importante para salir de la idea ‘planes sociales’ para ir a la idea de ‘trabajo en el plano social’”, para luego recordar que, según los especialistas en materia laboral, “por cada puesto de la economía formal que se pierde, se pierden cuatro de la economía informal”.

El proyecto declara la emergencia social por un año en todo el país, apunta al fortalecimiento de la llamada economía popular y también dispone que se declare la emergencia alimentaria, así como la implementación de un ingreso social o salario social por trabajo, con la disposición de implementar un millón de nuevos puestos de trabajo en la economía popular, con la intención de consolidar “la generación de empleo genuino”.

Además, propone el incremento del 15 por ciento mensual de la asignación universal por hijo y de la asignación por embarazo, e implica un costo adicional de mil millones de pesos si se aprueba en noviembre al presupuesto del año en curso y otros diez mil millones de pesos para el año próximo, es decir 11 mil millones de pesos en total, explicó Abal Medina.

En cuanto a la iniciativa sobre la participación privada en la obra pública fue aprobada por 43 votos afirmativos contra 15 negativos, y dos abstenciones (del peronista Mario País y la representante del Movimiento Popular Neuquino Lucila Crexell). Tanto el presidente de la comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, el peronismo Carlos Espínola, como su par de la comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, el radical Alfredo Martínez, fueron los encargados de defender la iniciativa y los cambios realizados en Diputados.