Primer juicio en el país a un “trapito” por extorsión

El 7 de diciembre pasado, Gustavo Gabriel Canteros estacionó su camioneta en la esquina de República de Eslovenia y Arce, en capital federal, y bajó del vehículo con su hijo de 11 años y un amigo. En el acto, un “trapito” le dijo que para dejar su auto debía pagar 200 pesos. Canteros, sorprendido, le contestó que le pagaría una vez regresara del restaurante, pero la respuesta del cuidacoches fue una amenaza de “romperle” la camioneta si no obtenía el dinero ya mismo. La tensión aumentó y Gustavo decidió irse del lugar y llamar a la policía. Ahora, varios meses después, se sabe que el cuidadoches es Gustavo Javier Reynoso, oriundo de José C. Paz, de 20 años y quien se convirtió en el primer “trapito” en ser enviado a un juicio oral por amenazar a una persona. La causa quedó en manos de César Troncoso, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 5 y el acusado podría sufrir una condena de hasta diez años de prisión.

“Esta causa será llevada a juicio oral por tentativa de extorsión. Como el imputado no está detenido, el debate se producirá a principios del año que viene. El proceso está encaminado, actualmente la Fiscalía y la Defensa están produciendo la prueba que el Tribunal evaluará oportunamente”, informó en las últimas horas el secretario del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3, Alejandro Almeida Leighton.

Los casos como el de Reynoso, en los que tienen que enfrentar a la Justicia son muy poco frecuentes y hasta el momento no hay ningún cuidacoches que haya sido condenado por extorsión. Entre algunos de los antecedentes se cuenta el caso de Alí Nadir Coronel, un cuidacoches que amenazó también en diciembre pasado a Damián Becerra, en Hipólito Yrigoyen y Quintino Bocayuva, en Almagro. En marzo, la Cámara del Crimen confirmó su procesamiento.

Otro es el de Fernando Abelik, el ex empleado público de la Municipalidad de San Martín que en enero le rompió la mandíbula a Lionel Biasutti, un joven que se había negado a pagarle a una cuidacoches. El agresor continúa desde entonces con prisión preventiva, mientras que la víctima está desde ese día viviendo fuera del país, a la espera de que se resuelva el juicio.

Al decir de quienes estudian el tema, el gran problema con los “trapitos” -sobre todo a nivel contravencional-, es que la ley deja zonas grises que impiden avanzar con las causas, porque siempre es difícil probar las amenazas y las extorsiones.