Los motivos principales por los que el juez Ercoli procesó a Cristina

El juez Sebastián Ercolini direccionó su investigación a las responsabilidades en el manejo de la  obra pública y en su escrito señaló por qué procesó a la ex  presidenta de la Nación, Cristina Fernández y al grupo de ex  funcionarios que la acompañó en su gestión.      

Desde la gravedad institucional, el magistrado los acusa  esencialmente de "violar" su deber de administradores y de  "apoderarse ilegítimamente" de fondos asignados a la obra pública, hasta el  último día de gestión del gobierno anterior, más allá de  endilgarles haber conformado una "asociación" para cometer delitos".      

Estos son textualmente los párrafos más salientes del  procesamiento:             
*Cristina Fernández y el resto de los procesados "habrían  formado parte de una asociación, la que habría funcionado al menos,  entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015,  destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma  deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en  principio, en la provincia de Santa Cruz".      

*Cristina Fernández y el resto del grupo de procesados  "habrían perjudicado los intereses confiados al violar su deber de  administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que en  función de las atribuciones otorgadas por la Constitución Nacional,  leyes y decretos, respectivamente, se encontraban bajo la órbita  de su responsabilidad, con el fin de procurar un lucro indebido  propio o de terceros, como por ejemplo, el del empresario Lázaro  Antonio Báez".      

*Cristina Fernández "habría perjudicado los intereses  confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los  bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su  responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable  política de la administración general del país".   

Ercolini  procesó hoy sin prisión preventiva a Cristina  Fernández por presunta coautora de "asociación ilícita" y  "administración fraudulenta", en la causa sobre direccionamiento de la obra  pública, y ordenó un embargo sobre sus bienes por 10.000 millones de  pesos, equivalente a 650 millones de dólares.    

Fuentes judiciales informaron que la resolución alcanzó, a la  vez, al ex ministro de Planificación e Infraestructura y actual  diputado nacional Julio De Vido, y a los detenidos José López, ex  secretario de Obras Públicas, y Lázaro Báez, titular de Austral  Construcciones SA.    

Para todos ellos, el magistrado también dispuso trabar  embargos por 10 mil millones de pesos.     

El fallo del juez, a la vez, procesó como supuestos coautores  de los mismos delitos a Carlos Santiago Kirchner -primo del ex  presidente Néstor Kirchner-; Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo  Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos  Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibañez.     

En cambio, Ercolini resolvió dictar la falta de mérito para el  ex subsecretario kirchnerista de Obras Públicas Abel Fatala,  Ernesto Eduardo Morilla, Graciela Elena Oporto, Raúl Víctor Rodríguez  y Hugo Manuel Rodríguez.    

Asimismo, el magistrado dispuso "librar oficio al Banco  Central de la República Argentina a efectos de hacerle saber que deberá  arbitrar los medios necesarios a fin que se proceda a la    inmovilización y congelamiento de las cuentas bancarias que registren a  su nombre los aquí procesados, con excepción de las  cuentas tipo  sueldo, o en las que se acrediten los salarios, jubilaciones o  pensiones".    

Cristina Fernández, que ya estaba procesada en la causa  denominada "dólar futuro", concurrió el 31 de octubre pasado a  declaración indagatoria ante Ercolini y aseguró que no es "amiga ni socia  comercial" de Lázaro Báez así como también descartó haber  direccionado licitaciones a favor del empresario.    

Denunció que su situación judicial es una "persecución  política" y recordó que la figura penal de asociación ilícita "fue muy  usada en las dictadura para perseguir a los opositores".    

Sin contestar preguntas, Fernández que en todos los gobiernos  se pone "gente de confianza", pero consideró "ridícula y sesgada"  la acusación en su contra y afirmó: "No soy amiga ni socia  comercial de Lázaro Báez".    

También dijo que no tenía "ni idea" de esos contratos y  aseguró que de la obra pública "se encargaba el Parlamento" e insistió  en solicitar que se realice "una auditoría completa sobre todos los  contratos de adjudicación de obra pública en sus dos gobiernos".    

La ex jefa de Estado está acusada de direccionar  discrecionalmente las obras viales en favor de Báez por 16.000 millones de  pesos, en medio de irregularidades en las contrataciones y  sobreprecios y pese a que muchos emprendimientos no se concretaron.    

La Cámara Federal porteña avaló semanas atrás aquella  indagatoria al rechazar un planteo de nulidad que había formulado la  defensa de la ex mandataria a través de su abogado, Carlos Beraldi,  quien había estimado que el llamado a indagatoria era "arbitrario".    

Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Leopoldo  Bruglia replicaron que el llamado a indagatoria, como parte de los  actos de investigación y como derecho de la defensa de un imputado,  son inapelables.