Las causas judiciales condicionan una eventual candidatura

Por MARIANO SPEZZAPRIA

Lejos de tener un efecto neutro sobre la política argentina, el agravamiento de los problemas judiciales de Cristina Kirchner tendrá un fuerte impacto electoral en 2017. Tanto, que podría determinar las condiciones de su participación en los comicios o bien su exclusión del nivel protagónico y su pase a cuarteles de invierno. Se trata de una historia que sigue abierta.

Por cierto que el kirchnerismo salió rápidamente a emparentar el procesamiento dictado por el juez Ercolini con un intento por “proscribir” a la ex presidenta de las elecciones legislativas del año próximo. La acusación la hizo otro de los procesados en la causa por el direccionamiento ilegal de la obra pública, Julio De Vido, por lo que de movida no tuvo la entidad necesaria para prosperar.

Aunque hay otros dirigentes y espacios políticos en la provincia de Buenos Aires que reivindican el liderazgo de la ex presidenta en forma genuina y quieren que sea candidata a senadora o diputada nacional en 2017, como punto de partida para la reconstrucción del kirchnerismo tras la dura derrota electoral de 2015. Pero el avance de las causas judiciales les genera incertidumbre.

En medio de esa situación, Cristina Kirchner no viene dando ninguna definición al respecto, tal vez especulando con que si llegara a lanzar una candidatura, los jueces podrían acelerar los tiempos procesales para evitar que obtenga fueros parlamentarios. Así, la posibilidad de que la ex presidenta vaya presa acusada de cargos como “asociación ilícita” ya no es una mera conjetura.

Por eso el kirchnerismo tomó como un caso testigo el de Milagro Sala, la jefa de la Tupac Amaru que está detenida en Jujuy desde hace más de un año. A tal punto, que movió influencias en organismos internacionales como la OEA y la CIDH para que reclamaran su liberación, ya que los motivos por los que fue apresada no resisten la vigencia de la prisión preventiva en su contra.

Pese a ello una de las promotoras de las denuncias contra la ex presidenta, la diputada Margarita Stolbizer, dijo ayer –en una presentación conjunta con Sergio Massa- que se resiste a “aceptar que Milagro Sala sea una perseguida política, porque pasado mañana tendría que hacerlo con Cristina Kirchner”. Los aportes de la legisladora del GEN fueron reconocidos en el fallo del juez Ercolini.

De hecho, la información detallada sobre la actividad de las empresas Hotesur y Los Sauces –esta última señalada por negocios con los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López- fue determinante para el procesamiento de Cristina Kirchner, así como también un informe elaborado por Vialidad Nacional sobre el escaso estado de ejecución de la obra pública, de sólo el 20% de lo pagado.

También se atribuyó rédito político por el avance de la Justicia sobre la ex presidenta otra diputada, Elisa Carrió, quien denuncia las maniobras oscuras del kirchnerismo con la obra pública casi desde el mismo momento en que Néstor Kirchner desembarcó en la Casa Rosada, en 2003. En rigor, la jefa de la Coalición Cívica advirtió que el modelo K ya había funcionado en Santa Cruz.

De ahí que uno de los empresarios procesados –y en su caso preso por lavado de dinero- sea Lázaro Báez, quien supo ser el principal contratista de obra pública en la provincia patagónica.

Sin ahondar nunca en los elementos de acusación que hay en su contra, Cristina Kirchner salió ayer a criticar al juez que la procesó y sostuvo que “la asociación ilícita fue la figura penal creada por los gobiernos de facto” para “perseguir dirigentes opositores”. La ex presidenta abonó así la tesis kirchnerista de que el presidente Macri digita a la Justicia para evitar que ella regrese al poder.

Dentro de las teorías conspirativas que agita el kirchnerismo, también se encuentra la que indica que el Gobierno intenta tapar la realidad económica con las investigaciones judiciales sobre la ex presidenta. La gestión de Cambiemos niega esas acusaciones y sostienen e que jueces y fiscales actúan en forma independiente del Poder Ejecutivo, algo que no sucedió en la era kirchnerista.

Como fuera, lo cierto es que la ex presidenta ya tiene sus procesamientos en su haber, uno por la causa del dólar futuro y otro por la obra pública irregular. También fue embargada por el juez Ercolini en la friolera de 10.000 millones de pesos. No se trata de una cuestión menor. En la política no faltan los que piensan que el kirchnerismo languidece porque ya no tiene acceso a las fuentes de financiamiento que lo nutrieron durante más de una década.