La Cámara de Diputados de Brasil retomó ayer el proceso de cara a un posible juicio político contra la jefa de Estado, Dilma Rousseff, al designar una comisión de 65 diputado que determinará si existen méritos jurídicos para abrir un proceso con miras a su destitución, que el domingo pasado fue exigida en masivas protestas con 3,6 millones de personas. La elección de la comisión fue el primer paso de un largo proceso que puede durar meses y estirar así la crisis política y económica. Las acusaciones contra Rousseff, formuladas por juristas y cuatro partidos de la oposición, se basan en irregularidades cometidas por el Gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances, de los que ocultó millonarias deudas con la banca pública. El proceso empezó en diciembre pasado, pero fue interrumpido por “errores de procedimiento” detectados por la Corte Suprema, que el miércoles dio el visto bueno para reiniciarlo.
VARIAS ETAPAS
Aunque se basa en méritos jurídicos, el trámite será netamente político y la correlación de fuerzas en el Parlamento, decisiva. El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) acordó tomarse 30 días para decidir si sigue o no en el Gobierno. La formación, liderada por el vicepresidente Michel Temer, primero en la línea sucesoria en caso de una destitución, tiene la segunda minoría en la Cámara baja (66 de las 513 bancas) y es la primera fuerza en el Senado (18 de los 81 asientos). Anteayer, el Partido Republicano rompió con el Gobierno y se pasó con sus 21 diputados a la oposición. Las formaciones con más integrantes en la comisión serán el Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, y el PMDB, presionado por las alas disidentes que exigen dejar al Gobierno.
Si la comisión es favorable al juicio político, el proceso pasará al pleno de los 513 diputados, donde avanzará si es respaldado por una mayoría calificada de al menos dos tercios (342 votos). Si esto ocurre, el proceso seguirá en el Senado, que por mayoría simple decidirá si archiva la causa o inicia lo que sería el propio juicio político. En este último caso, Dilma deberá dejar el cargo hasta que concluya el proceso, para el cual habrá un plazo de 180 días, y en ese lapso sería sustituida por Temer, quien completaría el mandato que concluye el 1 de enero de 2019.
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