El protocolo, con polémica

Durante la última semana se envió al Concejo Deliberante un “protocolo antipiquetes” que establece, entre otros puntos, que estas protestas deberán ser reportadas y consensuadas con las autoridades comunales y no se podrá incluir la quema de gomas, el uso de pirotecnia, ni estarán permitidos los “acampes”. El proyecto, que es similar al que impulsa el gobierno Nacional, generó críticas e interrogantes. Entre ellos, se cuestiona que se tome esta iniciativa cuando, ante la proliferación de cortes, no se toman las mínimas medidas para ordenar el tránsito. Mientras que desde las organizaciones sociales se expresa la preocupación por la nueva herramienta que, dicen, “criminaliza la protesta social”.

La iniciativa, que ya había sido anunciada días atrás por el intendente Julio Garro, fue presentada a principios de la última semana en el Concejo Deliberante, tiempo después de que un protocolo similar se impulsara a nivel nacional a instancia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Según el protocolo, las protestas no pueden incluir quemas de gomas, ni pirotecnia. Tampoco permite los “acampes”

La ordenanza para que la Ciudad cuente con su propio procedimiento frente a las manifestaciones públicas fue ingresada formalmente en el Concejo Deliberante por su presidente, Fernando Ponce, para ser tratada ni bien se inicien las sesiones ordinarias, a principios de abril.

Ponce insistió en decir que “el espíritu del proyecto de ninguna manera apunta a cercenar el derecho a manifestarse, sino a conciliarlo con el derecho del resto de los platenses a transitar”.

Entre los puntos que incluye la iniciativa, se establece que los manifestantes avisen con antelación del corte que realizarán para que pueda realizarse una planificación de tránsito en la Ciudad, que incluya vallados preventivos y la intervención de la subsecretaría de Control Ciudadano.

Entre las novedades que plantea se encuentra la de prohibir el uso de elementos que puedan dañar la integridad de las personas o los bienes que se encuentren en el lugar de la eventual protesta. Y menciona que no se podrá utilizar fuego, combustible, elementos inflamables o químico ni pirotecnia.

En este sentido, establece el texto del proyecto, se procederá a la detención de quienes provoquen daños, con la inmediata intervención del juez o fiscal competente.

Además, otro artículo establece que se proceda a grabar con audio y video y a fotografiar los operativos, a fin de ser evaluados por la Justicia en caso de ser requeridos.

Desde otros sectores políticos, el proyecto despertó encendidas críticas como antes lo había hecho el nacional.

En este sentido, se lo calificó de “represivo” y de apuntar a “neutralizar la protesta social”, al tiempo que se invitó a impulsar políticas productivas para los sectores más vulnerables y los sectores medios.

Otros cuestionan que desde el Estado se impulse este tipo de iniciativas sin tomar antes las mínimas medidas para atenuar la consecuencia de los bloqueos actualmente en la Ciudad.

Son muchas las preguntas que se instalan al ritmo de la polémica. Entre ellas, si hace falta contar con “protocolos antipiquetes” o alcanza con aplicar la leyes vigentes para evitar que la ciudad viva una cotidianeidad caótica como consecuencia de los cortes. O si no sería más apropiado utilizar el sentido común antes que crear nuevos protocolos.