Piden el procesamiento de una de las hijas de Jaime

El fiscal federal Carlos Rívolo pidió hoy la ampliación del procesamiento contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por el delito de "enriquecimiento ilícito", y que su hija Julieta sea considerada "persona interpuesta" (testaferro) para disimular el delito.

Julieta Jaime fue indagada esta semana por el juez Sebastián Casanello en otra causa, diferente de aquella en la que el juez Julián Ercolini dispuso el sábado pasado la detención del ex funcionario kirchnerista.

Se trata de la causa en la que la hija de Jaime está sospechada, junto con su padre, por la compra de una moto de agua. Ese vehículo, cuya existencia Jaime dijo que desconocía y la atribuyó al patrimonio de su hija, mayor de edad al momento de la compra, forma parte, según Rívolo, de los bienes que el ex secretario de Transportes no podría justificar con sus ingresos legales.

Jaime ya está procesado por "enriquecimiento ilícito" y la causa se encamina al juicio oral y público, pero la moto de agua no formaba parte, hasta ahora, de la imputación en su contra.

Julieta Jaime argumentó que la moto era suya e intentó una explicación sobre el origen de los fondos con los que la habría comprado, pero el fiscal Rívolo consideró que los argumentos no son consistentes con su real situación económica. Entonces, estimó que la moto forma parte del patrimonio no declarado de Jaime, y pidió la ampliación de su procesamiento.

El enriquecimiento ilícito es un delito que sólo resulta aplicable a los funcionarios públicos, pero las "personas interpuestas" para fingir una titularidad de esos bienes que en realidad son de otra persona merecen la misma pena. El artículo 268 del Código Penal establece que "será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño".

Ese párrafo comprende específicamente a Jaime, pero el final del artículo lo hace extensivo a su hija, según el fiscal, ya que preconiza que "la persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho".