Dilma y su “crimen” de responsabilidad

Por FERNANDO H. CARDOSO

El telón de fondo de la situación política actual es la tremenda crisis económico-financiera en la que los gobiernos del Partido de los Trabajadores hundieron al país. En resumen retórico y exagerado: la Tesorería quebró.

Hay un endeudamiento acelerado por el alto costo de la deuda federal (más de 14 por ciento de interés al año, sobre una deuda de más o menos 3 billones de reales) y por la expansión del gasto corriente en todos los niveles. Ese hecho hizo que los gobiernos estatales litigaran la renegociación de sus deudas con la Unión en términos peligrosos para el conjunto de las finanzas públicas del país.

Además de eso, solo la empresa estatal Petróleo Brasileño, Petrobras, debe más de 500 millones de reales y necesita ser capitalizada. Fuera de las deudas no reconocidas, están los “esqueletos”, de la Caja Económica, del sector eléctrico, etcétera: frutos de la pésima gestión y de la irresponsabilidad fiscal.

¿Es constitucional derribar a una presidenta porque es mala administradora y perdió popularidad? No. Pero no es eso de lo que se trata. Se trata de que, sí, hubo un “crimen” de responsabilidad, seguido de un brutal debilitamiento político del gobierno. ¿En qué consiste ese crimen de responsabilidad? En que la presidenta utilizó los bancos públicos para ocultar la verdadera situación de la república y en que autorizó gastos sin la aprobación del Congreso.

Puso en riesgo la credibilidad del gobierno ante el “mercado” y, peor, ante el pueblo, que es el que está pagando las bravatas financieras con el desempleo, la inflación y la falta de crédito.

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) que presidió el juicio en el Senado del entonces presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), el jurista Sidney Sanches, dio una explicación cristalina de lo que consistió el “crimen” de responsabilidad en ese caso.

El alegato fundamental fue que el presidente había recibido un automóvil de regalo. El Senado consideró que hubo “quiebra del decoro”. El ministro Sanches coincidió con la interpretación y agregó más: incumplir la ley de responsabilidad fiscal y hacer gastos sin autorización del Congreso son formas de quiebra del decoro.

Mientras tanto en la acusación de delito común (corrupción), Collor fue absuelto por el STF, con el voto del mismo Sanches. ¿Por qué? Porque no quedó demostrado que de la quiebra del decoro hubiera derivado algún beneficio para quien le hubiera regalado el auto. Por consiguiente, el “crimen” de responsabilidad no es un crimen tipificado en el código penal, sino en la constitución con un doble aspecto: jurídico-administrativo y político. De la orden de impugnación, solamente corresponde al Senado la sustitución de quien esté en el poder y la pérdida de sus derechos políticos por ocho años. No se trata de condenar a nadie penalmente, sino de apartar a un dirigente político que violó la constitución y perdió el sustento político.

Algunos alegan que la acusación contra Dilma Rousseff es irregular porque las maniobras contables para dar la impresión de que se recaudaba más de lo que se gastaba se dieron sobre todo en el primer mandato de Dilma y habrían sido practicadas también por otros presidentes. Pero en esos casos, hubo apenas breves retrasos en el traspaso de una pequeña cantidad de recursos de la Tesorería a los bancos. En el caso de Dilma los atrasos se acumularon a lo largo de más de un año alcanzando la cifra de casi 60 mil millones de reales.

El “crimen” de Dilma consiste en que utilizó a los bancos públicos para ocultar la situación de la República

En cuanto a la cuestión de que los actos en causa se refieren al mandato anterior, tanto la constitución como la ley de 1950 que regula la impugnación no podrían hacer la distinción entre el primero y el segundo mandato pues en ese tiempo no existía la posibilidad de reelección.

Hacer una enmienda constitucional para reducir el mandato actual es un procedimiento que implica reducir mandatos, tema muy discutible desde el punto de vista constitucional, por más que convocar a elecciones directas pudiera ser el mejor camino para colocar en el poder a alguien que no estuviera involucrado, ni directa ni indirectamente, en las “fechorías” del gobierno actual. De cualquier manera, eso requeriría meses de discusión.

Se espera, ahora, que el vicepresidente asuma la responsabilidad histórica que le toca: unificar al país en torno de un programa de “emergencia nacional”, que dé posibilidades reales de crecimiento económico.

El nuevo ministerio necesita tener crédito ante la opinión pública y no solamente ante el Congreso. Le corresponde al presidente elegir a su equipo, así como les toca a los partidos, especialmente al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que no participó en la antigua base gubernamental, presentar una agenda indispensable para el momento y, si fuera el caso, refrendar la selección de ministros que pertenezcan a sus filas.

Es natural que cada partido evalúe las consecuencias de sus decisiones sobre la sucesión de 2018. Pero lo esencial es que los partidos que llegaran a apoyar al gobierno se preocupen por la viabilidad y la urgencia de las soluciones que el país exige para salir de la crisis.

Para ingresar en un gobierno que no sea el suyo, el PSDB debe hacerlo con base en compromisos claros, que serían asumidos por el nuevo presidente: no interferir en las investigaciones del caso Lava Jato (un plan de lavado de dinero ilícito), dar pasos inequívocos en la reforma político-administrativa, recrear las condiciones del crecimiento del ingreso y del empleo y no solo mantener sino mejorar las políticas sociales.

Si no se cumplieran los compromisos, el PSDB debería dejar el gobierno de la misma manera en que ingresó: explicando las razones de su decisión. El gobierno que viniera después no sería del PSDB ni deberá ser monopolio de ningún partido, sino una emergencia nacional.

Es hora de que cada partido y cada líder asuman sus responsabilidades ante la nación.