Avanzan con el acceso a la información pública

La Cámara de Diputados dio ayer media sanción y giró al Senado el proyecto de Acceso a la Información Pública que envió el Poder Ejecutivo y que obliga a los organismos de los tres poderes del Estado a brindar toda información solicitada por los ciudadanos.

Tras más de cuatro horas de debate, la propuesta fue aprobada por 229 votos positivos, cuatro negativos, que correspondieron al Frente de Izquierda, y la abstención del kirchnerista Julio Solanas.

El proyecto establece que la ley, que entrará en vigencia un año después de su publicación en el Boletín Oficial, habilita a los ciudadanos a solicitar en forma gratuita información a cualquier organismo de la Administración Pública con la advertencia de que “el incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública será causante de mal desempeño”.

La solicitud de información debe ser respondida “en un plazo no mayor de quince días hábiles” con la posibilidad de “prorrogar en forma excepcional por otros quince días hábiles”.

INFORMACION CLASIFICADA

Queda exceptuada de difusión aquella “información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior” como la que pudiera “poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario”. Con esta ley se crea la Agencia de Acceso a la Información Pública como ente autárquico aunque su director, que tendrá mandato por cinco años, será designado por el Gobierno.

El jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri (UCR), resaltó que “ahora los ciudadanos van a poder golpear la puerta de la Corte para abrir la información del Poder Judicial” y como miembro informante del oficialismo, el macrista Pablo Tonelli resaltó que la propuesta enviada por el Ejecutivo “tiene una importancia superlativa en la lucha contra la corrupción, por la transparencia y la difusión de los actos” y estimó que “es una de las mejores armas para luchar contra la corrupción”.

CARRIO CONTRA LORENZETTI

En este marco, la diputada Elisa Carrió volvió ayer a cargar contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, al acusarlo de manejar el comité de inversiones del Consejo de la Magistratura como un “agujero negro”.

Durante el tratamiento de la ley de Acceso a la Información Pública que se aprobó en la Cámara Baja, la jefa de la Coalición Cívica-ARI e integrante de Cambiemos propuso incluir un artículo que sancione con “juicio político” a los funcionarios que se nieguen a brindar información solicitada porque “sino nos vamos a encontrar con una acordada” de la Corte. Y señaló que Corte “se opuso” a la ley de ética pública porque “se sentía tocada” y no tenía la necesidad “ni de pagar el Impuesto a las Ganancias lo que claramente es un privilegio del Poder Judicial”.