El ministerio de Justicia de la Nación dice que el proyecto Justicia 2020 “busca construir una justicia cercana, moderna, transparente e independiente” que logre “la solución de los conflictos en forma rápida y confiable”. Hasta ahí, todo bien. Pero la letra de la propuesta “invade” los planes de estudio de las carreras de abogacía y el régimen de habilitación profesional. Las facultades de Derecho del país salieron con los tapones de punta.

Días atrás, en Tucumán, el Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales elaboró un documento donde expresa su rechazo.

Consultado al respecto, el decano de la unidad académica platense, Vicente Atela, dijo que “las facultades participamos hace un mes de una reunión en el ministerio en la que se nos presentó la propuesta. Debatimos la formación del abogado, los planes de estudio, el mejoramiento de la enseñanza del derecho, dejando en claro que en las universidades venimos trabajando sobre todas esas cuestiones desde siempre, al tiempo que planteamos que la formación no es sólo un problema del sistema universitario, sino también de la educación preuniversitaria”, dijo.

Luego entró de lleno en un cuestionamiento medular que se hace al proyecto del Gobierno: “Podemos consensuar criterios acerca de la mejor formación, pero ello es propio de la autonomía de cada universidad”.

Después abordó el punto más espinoso. “En ese encuentro se observó que uno de los ejes era la habilitación profesional, un tema ya debatido hace 20 años, en los ‘90, cuando se quiso sacar el carácter habilitante de los títulos universitarios; la habilitación profesional debía pasar por entes extra universitarios, lo que importa desconocer o poner en crisis la calidad de formación. Históricamente, en la Argentina la universidad titula y ese título habilita al ejercicio profesional, más allá de la matriculación en el colegio profesional respectivo”, enfatizó.

Y subrayó que “este proyecto Justicia 2020 vuelve a debates ya superados, que todo el sistema universitario consideraba superados, máxime cuando las carreras de grado y posgrado se someten a los procesos de acreditación que impone la Coneau”.

Entre las “iniciativas”, el proyecto oficial plantea la “promoción de reformas a los programas de estudio de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas”, así como el “impulso de la modificación del régimen de habilitación profesional para el ejercicio de la abogacía”.