Cuenta regresiva para Dilma, ante una derrota anunciada en el Senado

El Senado brasileño decidirá esta semana -se espera que el miércoles- el futuro de la presidenta, Dilma Rousseff, en una votación que, según todos los pronósticos, apoyará el inicio de un juicio político (impeachment) con fines destituyentes contra la mandataria. Rousseff, que da ya por descontada la derrota, se prepara para ser separada del cargo durante 180 días, el plazo que tendrá la Cámara alta para debatir si finalmente es destituida. En este período será sustituida por su todavía vicepresidente, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lleva semanas negociando para formar su propio Gobierno y asumir la Presidencia de forma interina. De confirmarse la destitución definitiva de Rousseff, Temer aspira a completar su mandato, que vence el 1 de enero de 2019, con el respaldo del PMDB, el partido más importante del país, y con las alianzas tejidas con sus nuevos socios, algunos también antiguos compañeros de viaje de la presidenta.

El calvario político de Rousseff comenzó a principios de diciembre pasado de la mano del entonces titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, a quien el Tribunal Supremo, en una decisión inédita adoptada por unanimidad el viernes último, ordenó separar del cargo por las múltiples acusaciones de corrupción que hay en su contra. Cunha, antiguo aliado del Gobierno devenido en enemigo de Rousseff y convertido ahora en el político brasileño más denostado por sus problemas con la Justicia, fue la pieza fundamental para abrir el proceso de impeachment contra la presidenta.

En su condición de titular de la Cámara Baja, dio luz verde a la solicitud de un grupo de juristas, entre los que figuraba Helio Bicudo, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen Rousseff y su antecesor y padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva. Dilma está acusada de maniobras contables para maquillar los balances presupuestarios de 2014 y 2015. Para la oposición, este maquillaje fiscal supone un “crimen de responsabilidad”, uno de los motivos previstos en la Constitución para justificar el proceso. El Ejecutivo sostiene que es una vieja práctica utilizada por todos los gobiernos, por lo que considera que el impeachment es un “golpe de Estado”.

En un contexto de crisis económica y con un Gobierno debilitado por las diferencias con sus aliados, el empujón de Cunha a la denuncia contra Rousseff puso en apuros a la presidenta a fines del pasado año, pero el Tribunal Supremo frenó el proceso y ordenó suspenderlo temporalmente para analizar el asunto. Las vacaciones navideñas calmaron los ánimos de los jueces, pero en febrero el clima político volvió a calentarse con masivas movilizaciones contra el Gobierno mientras crecía la indignación por los casos de corrupción ligados a la estatal Petrobras, destapados durante la investigación del “Lava jato”, conducida por el juez Sergio Moro.

Políticos, empresarios, funcionarios e incluso el ex presidente Lula están en la mira de Moro. La situación para Lula y Rousseff se complicó aún más con el nombramiento del ex presidente como jefe de gabinete, una maniobra que tuvo efectos contraproducentes tras la difusión de una conversación telefónica privada entre ambos de la que podría desprenderse que la designación pretendía blindar con fueros al ex mandatario y alejarlo de la órbita de Moro. Tras una aprobación previa en el pleno de Diputados, el impeachment ahora será votado por el pleno del Senado que decidirá, por mayoría simple (41 votos de 81 posibles), el futuro de Rousseff.