Las conexiones clandestinas jaquean a los servicios públicos de la Región

Una vez más se conocieron datos acerca del verdadero auge de conexiones clandestinas realizadas sobre las redes eléctricas que atienden a la Región, estimándose que en la actualidad son unos 55 mil los frentistas colgados irregularmente a los cables de energía, en una situación que se vino multiplicando en los últimos años y que se traduce en riesgos y perjuicios de toda índole, según informaron fuentes de la empresa Edelap.

Se advirtió, asimismo, que ninguno de los servicios públicos –luz, gas, agua y cloacas- se halla exento de este tipo de manipulación sobre sus tendidos, sin que existan a la vista fórmulas eficaces para prevenir estas conexiones informales.

Tal como se reflejó en la nota publicada en este diario, en lo concerniente a las redes eléctricas, la mayor cantidad de viviendas enganchadas a la distribución de esa energía se encuentra en zonas no semiurbanizadas, por lo general asentamientos, a pocos metros de donde llega la toma principal, a la que con artilugios supuestamente técnicos, de factura casera e ilegales, los usuarios irregulares se conectan.

Cabe indicar que el anterior registro, correspondiente al 2002, computaba unos 30 mil frentistas colgados de las redes, una cifra que deja a la vista el notorio incremento registrado desde entonces hasta la fecha, con unas 55 mil conexiones clandestinas.

Por cierto que la cantidad de enganches precarios -además del peligro que implica que manos no expertas manejen un mecanismo tan complejo como el eléctrico- se traduce en una gravosa pérdida energética y económica para la distribuidora, según advirtieron.

El informe publicado ponderó también las conexiones clandestinas que afectan a las redes de Absa –agua corriente y cloacas- en una situación que a la empresa le plantea dificultades a la hora de cuantificar los perjuicios. En cuanto al tendido de gas, por su nivel de complejidad técnico, es más difícil de alterar. No obstante, la distribuidora de la Región, Camuzzi, detecta, con alguna frecuencia, domicilios que se llevan suministro del fluido sin pagar.

Lo cierto es que este delito –además de los robos que se registran a elementos que integran las redes de servicios públicos-afecta claramente a la calidad del servicio y perjudica ciertamente a quienes forman parte de la mayoritaria masa de clientes de las distintas empresas, que pagan regularmente cada uno de los suministros.

Debiera también presumirse que cada una de las empresas debiera disponer de recursos técnicos idóneos para detectar las variaciones entre la energía efectivamente vendida por ella y el total de la energía distribuida, así como los modos más eficaces para localizar aquellos lugares en los que se concretan las conexiones clandestinas.

Los datos de la realidad demuestran que esta verdadera escalada delictiva no sólo no se ha detenido, sino que viene creciendo en los últimos años, y es evidente, entonces, que debe insistirse en la necesidad de evaluar una solución integral para frenar un delito que origina riesgos de toda naturales y que afecta -como se dijo- la prestación de servicios indispensables y, desde luego, la calidad de vida de miles de personas.