Frente a la ola delictiva el Estado no puede permitir los linchamientos

Nuestro país y especialmente los centros más poblados de la provincia de Buenos Aires enfrentan una ola delictiva que no cesa y que se refleja en la aparición de numerosos casos violentos, que suelen dejar el saldo de personas heridas o muertas. Se trata de una alarmante sucesión que, ahora, además, como irracional contrapartida, se ve acompañada por numerosos casos de justicia por mano propia en los que las víctimas de delitos, su familiares o vecinos reaccionan contra los delincuentes con extrema violencia, quemándoles sus viviendas, castigándolos e, inclusive, quitándoles la vida.

Se está, sin duda, frente a preocupantes evidencias acerca del grado de extravío al que pueden llegar algunas personas, en una situación que, a la vez, reclama de las autoridades la más pronta aplicación de castigos a los responsables de esos ataques. No se está hablando, por cierto, de episodios en los que pudo haber obrado la legítima defensa, como atenuante perfectamente definido en el Código Penal, sino de situaciones que exceden esos límites y que, por consiguiente, deben ser prevenidas y, llegado el caso, sancionadas por el Estado.

Sondeos no oficiales, pero realizados con seriedad por distintos sectores que estudian el tema de la seguridad, destacan que ya llegan a 30 los hechos de justicia por mano propia registrados en nuestro país en lo que va del año. En muchos de esos casos las reacciones de las víctimas contaron con el apoyo de grupos de vecinos que, bajo el discutible fundamento de que se encuentran con una policía ineficaz y un Estado ausente, formalizaron una virtual cacería sobre los presuntos delincuentes. Los pasacalles exhibidos en las marchas posteriores realizadas por esos vecinos no dejan lugar a dudas sobre la rutina que parecen haber elegido: “Nosotros no llamamos a la Policía”, advirtieron en un pasacalle los pobladores de Garín, en expresiones que se repiten en todo el Gran Buenos Aires.

Se ha dicho siempre en esta columna que la seguridad es un servicio que el Estado debe brindar en forma indelegable. Y que, en todo caso, lo que corresponde es reclamar con firmeza cuando ese servicio exhibe deficiencias y no contribuye para garantizar y ampliar los márgenes de seguridad exigibles.

Afortunadamente, ante la persistente ola de inseguridad que castiga a nuestra región, se ha debido ponderar en esta columna el creciente aporte brindado en los últimos años por distintos grupos de vecinos, reflejado en la realización de numerosas reuniones con las autoridades policiales o judiciales y en la presentación de distintas sugerencias.

Se ha dicho también que la Policía debe ser una fuerza profesional capacitada para prevenir y actuar frente a la actividad delictiva. Lo que corresponde, entonces, es que se busque perfeccionar su desempeño, de modo que la población se sienta debidamente protegida. Esto no impide advertir, una vez más, que la inseguridad no es un problema exclusivo de la Policía, sino que le concierne al conjunto de los poderes públicos.

Está claro que no existe justificación alguna que autorice semejantes actitudes y lo que debe evitarse a todo trance es que algunos desorbitados intenten apelar a la fórmula de la justicia por mano propia. En cuanto a la sociedad, como se ha dicho, ha demostrado con creces en estos años su voluntad de participar y comprometerse.

Pero suponer que, a partir de allí, cualquier habitante se encuentra autorizado para golpear, herir o matar a los presuntos delincuentes, esto es, para perpetrar un linchamiento, constituye una ilicitud penada por la ley. Ha sido muy sostenido en estas décadas el esfuerzo realizado para encarrilar al país en los marcos normativos, que deben ser respetados sin excepciones por todos los habitantes.