Recrudece la crisis carcelaria en Brasil: ya hay más de 130 muertos

Una nueva matanza perpetrada en una cárcel brasileña ha puesto en jaque las diferentes medidas adoptadas recientemente por el Gobierno para contener los motines provocados por guerras entre facciones criminales que se disputan el manejo de la droga y en los que más de un centenar de presos han muerto durante la primera quincena del año.

La muerte de más de 30 presos la noche del sábado en la Penitenciaria Estatal de Alcaçuz, en la ciudad de Nisia Floresta, región metropolitana de Natal y la mayor cárcel del nororiental estado de Río Grande do Norte, levantó una vez más la bandera de la crisis carcelaria agravada en los últimos días.

El más reciente motín, que duró más de catorce horas y terminó cuando la Policía Militarizada irrumpió en el penal para retomar el control, se produjo pocos días después de que el Gobierno y varios organismos intensificaran sus acciones y planes para contener la crisis y evitar más masacres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el jueves pasado al Gobierno de Brasil “acciones concretas” contra la violencia en sus cárceles, tras el saldo de más de cien muertos en sucesos ocurridos en prisiones de los estados de Amazonas y Roraima (norte del país) y Paraiba (nordeste).

La primera medida inmediata tomada por el Gobierno fue el envío la semana pasada de la Fuerza Nacional, un cuerpo de élite de la Policía, a los estados de Roraima y Amazonas, donde se registraron las más cruentas rebeliones, y a otros que pidieran el apoyo federal.

El Tribunal Supremo de Brasil también reclamó un mayor esfuerzo a los estados del país para acelerar el estudio de los procesos penales de los detenidos. Y el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, reconoció que el mayor problema de las cárceles del país es la corrupción. El Gobierno se ha comprometido con un presupuesto de 135 millones de dólares a instalar “dos escáneres” en todas las cárceles y a construir cinco prisiones federales, con el fin de garantizar la seguridad y reducir el grave hacinamiento que sufren los penales

Datos preliminares del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) señalaron que el 65% de las prisiones del país no tiene detectores de metales ni bloqueadores de señal de celulares, que son utilizados por los reos para organizar sus actividades delictivas. Además de las precarias condiciones de las cárceles, la superpoblación es una preocupación constante de los responsables del sistema carcelario. Con 622.000 presos, lo que supone un 67,3% más de su capacidad, Brasil tiene la cuarta mayor población penal del mundo, por detrás de EE UU, China y Rusia.

El presidente de Brasil, Michel Temer, quien ayer en su cuenta de la red social Twitter manifestó que está “acompañando” la situación en Río Grande do Norte, afirmó días atrás que las bandas criminales “preocupan” a la nación “como un todo” porque se rigen por su propias reglas, las cuales están “fuera del Estado”.

La crisis penitenciaria empezó el primer día del año con un motín en la cárcel Anisio Jobim de Manaos, capital de Amazonas, en el que 56 presos murieron; siguió con otra rebelión en un penal rural de la misma ciudad con otras 4 víctimas fatales, y continuó en Boa Vista, capital de Roraima, con al menos 33 detenidos muertos. La matanza de Manaos se produjo por el enfrentamiento entre internos del Primer Comando de la Capital (PCC), que concentra sus operaciones en San Pablo, y Familia del Norte (FDN), de la región amazónica y vinculada al Comando Vermelho (CV), la mayor organización criminal del Río de Janeiro.