Salpica a un candidato presidencial francés un caso de corrupción

El candidato presidencial de la derecha francesa, François Fillon, está inmerso en una polémica después de que un diario lo acusara de dar un empleo ficticio a su esposa como asesora parlamentaria cuando él era diputado. El semanario Le Canard Enchaîné, que mezcla sátira con periodismo de investigación, asegura que cuando François Fillon era diputado, su esposa Penélope recibió pagos de su marido de una partida destinada a las asesorías.

La esposa del candidato conservador a las presidenciales de 2017, que siempre se presentó como ama de casa, recibió ingresos de su marido por este concepto por unos “500.000 euros” durante varios años (de 1998 a 2007), indicó el semanario satírico. Según la ley, contratar a un familiar no está prohibido, siempre que la persona cumpla funciones efectivas, pero el Canard Enchainé alega que no había registros de actividades de la esposa del candidato ni parece habérsela visto en la Asamblea Nacional.

Los parlamentarios franceses disponen de una suma mensual (9.561 euros en 2016) para remunerar por un trabajo real a un máximo de cinco colaboradores a tiempo parcial, incluso familiares, recuerda el propio semanario. “Se abrió la veda de la campaña sucia”, lamentó Fillon en reacción a las acusaciones en el artículo del Canard Enchaîné, que consideró despectivo y misógino.

Estas acusaciones caen en muy mal momento para el ex primer ministro conservador del presidente Nicolás Sarkozy (2007-2012), considerado favorito según los sondeos para ganar esta primavera boreal la elección presidencial en la definitiva segunda vuelta, ante la candidata de extrema derecha Marine Le Pen. Fillon tiene un programa económico considerado muy duro por sus adversarios y aboga por suprimir a varios cientos de miles de empleos en la función pública. Thierry Solère, portavoz del candidato, confirmó que efectivamente Penélope Fillon “había sido colaboradora de François Fillon”. Esta práctica es legal y habitual en Francia: en 2014, al menos el 20% de los legisladores hacía trabajar a un miembro de su familia, según un estudio de la prensa, pero a condición de que el trabajo se cumpla y no sea ficticio.