Se abre una etapa de “reformismo permanente”

Tras los festejos por el amplio triunfo electoral a nivel nacional, el Gobierno decidió aprovechar el envión y anunció que impulsará una serie de reformas políticas, económicas e institucionales de cara a la segunda mitad del mandato de Mauricio Macri. Para ello, el propio Presidente anticipó ayer que serán convocados gobernadores, líderes parlamentarios, sindicalistas y empresarios.

Pese a que el mandatario fue siempre refractario a las grandes mesas de acuerdo, al estilo del Pacto de La Moncloa español, ahora que Cambiemos tiene la iniciativa política cree que llegó la oportunidad de hacer la convocatoria. Aunque la agenda que se pondrá a discusión será la que, en reserva, vienen trabajando los funcionarios del Gabinete desde hace un tiempo prolongado.

La lista de las reformas que piensa encarar Macri incluye un nuevo esquema tributario y fiscal, la siempre postergada ley de coparticipación y diversos aspectos de las relaciones laborales. Más allá de la cuestión económica, el Gobierno también reimpulsará cambios a la ley electoral -para introducir el voto electrónico- y buscará modificar las normas del Ministerio Público Fiscal.

En la misma mesa -que comenzaría a reunirse la semana próxima- también el Gobierno planteará reformas al Consejo de la Magistratura y a la política educativa. En este último punto, el senador electo Esteban Bullrich anticipó -en su discurso de agradecimiento el domingo por la noche- que seguirá trabajando en el campo educativo. Y quedó claro que se refería a este tipo de iniciativas.

PROYECTOS DE LEY

Según pudo saber EL DIA, los gobernadores y los jefes de los bloques parlamentarios -de todas las fuerzas políticas- serán convocados porque los acuerdos tomarán forma de proyectos de ley a ser tratados en el Congreso. Y en esa instancia, los mandatarios tienen influencia sobre todo entre los diputados y senadores de la oposición. Por eso Macri los considera especialmente. Aunque el Presidente buscará hacer pesar el resultado de la elección legislativa, a sabiendas de que varios gobernadores fueron derrotados por Cambiemos en sus propios distritos: uno de ellos es el peronista salteño Juan Manuel Urtubey; quien ayer mismo puso en disponibilidad a todo su Gabinete y dio varios pasos atrás en su objetivo de proyectarse a la escena nacional de cara a 2019.

Tampoco quedaron bien parados Juan Schiaretti (Córdoba), Alberto Weterilneck (Río Negro), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Miguel Lifchitz (Santa Fe) y Domingo Peppo (Chaco), por citar algunos casos, mientras que del lado de los ganadores quedaron Horacio Rodríguez Larreta (Capital), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ricardo Colombi (Corrientes) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis).

En ese pelotón también se cuenta a la gobernadora María Eugenia Vidal, aunque Buenos Aires es un caso especial, no sólo por la significación política de la Provincia, sino porque en la mesa que convocará Macri seguramente se planteará la demanda bonaerense por el Fondo del Conurbano. “Queremos recibir lo que corresponde, ni más ni menos”, dijo Vidal a modo de anticipo.

Como las demás provincias pondrán objeciones a la compensación para Buenos Aires, lo más probable es que la Casa Rosada promueva una discusión general para sancionar una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, que está pendiente desde la reforma constitucional de 1994. La Nación también reclamará a los gobernadores que bajen la presión de Ingresos Brutos.

La misma demanda recibirán los intendentes -que también serán convocados- para que reduzcan las tasas municipales, dado que la combinación de impuestos locales, provinciales y nacionales provocan una asfixia financiera a diversas actividades productivas, según admitió ayer el propio Macri en una reunión con la “mesa de la carne”. El Presidente le puso plazos a esos objetivos.

“Ojalá podamos resolver de acá a fin de año la reforma tributaria”, sostuvo en la Casa Rosada. Allí mismo, en una conferencia de prensa, dijo que es “importante” que los principales actores políticos y económicos comprendan que “entramos en una etapa de reformismo permanente”. Una definición que anticipa que el Gobierno buscará dejar su marca en los próximos dos años.