La Constituyente de Maduro va por todo y cerrará medios que “fomenten el odio”

La Asamblea chavista aplicará penas de hasta 20 años de cárcel. Los partidos políticos opositores también están en la mira

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CARACAS

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó ayer una “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, que castiga con penas de hasta 20 años de cárcel y amenaza con cerrar a medios de comunicación y declarar ilegales a los partidos políticos que promuevan “el fascismo”.

La polémica ley fue expresamente solicitada por el presidente, Nicolás Maduro a la Constituyente oficialista para terminar con los supuestos mensajes de “odio” que según el oficialismo dispararon la ola de protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre abril y agosto y dejaron 120 muertos.

“Quien públicamente incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso o político, será sancionado con prisión de 10 a 20 años”, establece el artículo 20 de la citada ley.

El texto -refrendado una vez más por unanimidad en la Constituyente oficialista- prevé también la posibilidad de castigar con penas de 8 a 10 años de prisión a los policías y militares que no persigan estos delitos de odio, la misma medida que se aplicará al personal sanitario que discrimine a la hora de brindar atención.

La ley permitirá prohibir e inhabilitar para las elecciones a los partidos políticos que “promuevan el fascismo” y los demás “delitos de odio” ya mencionados.

Maduro, la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, y el resto de primeras espadas del oficialismo suelen llamar “fascistas” a los partidos de la oposición, a los que se refieren como “derecha apátrida”.

Con las disposiciones aprobadas ayer, la Constituyente -un suprapoder instaurado por el oficialismo que no es reconocido ni por la oposición ni por gran parte de la comunidad internacional- obliga a los medios de comunicación públicos y privados a difundir contenidos avalados por el Estado que estimulen “la diversidad” y “la tolerancia”.

Los dueños de los medios que no acepten poner en su programación o en sus páginas estos mensajes se exponen a sanciones de hasta el 4% de sus ingresos fiscales brutos en el ejercicio anterior al período en que ocurran los hechos.

La ley también regula las redes sociales, y las personas jurídicas responsables de estas plataformas y de los medios electrónicos que no retiren en un plazo de seis horas mensajes “de odio” serán multadas.

Dos disposiciones transitorias propuestas por Delcy Rodríguez suponen además la derogación de cualquier otra regulación existente que contradiga a la “Ley contra el Odio”, que crea una “Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica” con la que están obligados a cooperar todos los ciudadanos.

Entre los 15 integrantes de esta comisión hay miembros de la Constituyente, varios ministros, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, así como el fiscal general Tarek Saab, representantes de organizaciones sociales y otros altos cargos del Estado.

El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP) dijo que esta ley “sólo legitimará la censura y criminalizará la opinión”. (EFE)

 

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